La coordinadora de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, señaló que el Congreso del Estado deberá legislar para eliminar el fuero constitucional y tipificar como delito en Puebla la violencia política de género, una vez que es en el poder legislativo donde el año anterior se incrementaron los casos de violencia en contra de las diputadas.

Lara Chávez lamentó que algunos legisladores, aprovechando la protección constitucional que otorga el cargo, ataquen a sus compañeras diputadas y no reciban ningún tipo de sanción, como ocurrió el año pasado por dos legisladores, especialmente uno de ellos que en repetidas ocasiones  utilizó la tribuna para ofender a las mujeres.

Expresó que mientras no se modifique la Constitución Política de Puebla y se defina con claridad el concepto de violencia política de género así como las sanciones aplicables a este delito continuarán existiendo agresiones como las que realiza el diputado, Héctor Alonso Granados.

“Es importante que podamos tipificar esto que se hace tomando en cuenta las personas que son diputados y diputadas y que valiéndose del fueron agreden a los demás y no solamente a las mujeres sino al resto de las personas”.

Lara Chávez reiteró que no permitirán más agresiones verbales o faltas de respeto a las mujeres en el Congreso del Estado por parte de algunos diputados y seguirán trabajando por establecer sanciones para castigar la violencia política de género.

Cierre de filas

En la sesión del pasado 11 de octubre la diputada Nora Merino Escamilla hizo uso de la tribuna para anunciar que no se permitirá que siga la violencia en contra de las mujeres por parte de un diputado que en todo momento ha buscado la manera de agredirlas.

Recordó que no solo se trata de ataques hacia las legisladoras, y recordó la frase “primero no tendrían que abrir las piernas”, cuando se hablaba del tema del aborto. A pesar de que fue sancionado expulsándolo de la bancada, el comportamiento no cambio y se volvió más agresivo.

Anunció que la denuncia sería presentada ante el Tribunal Electoral del Estado, que es la instancia legal que tendrá que resolver el caso.

La sanción interna

El pasado 1 de junio de 2019 la Comisión Nacional de Justicia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ordenó al coordinador de la bancada legislativa, Gabriel Biestro Medinilla, separar en un plazo no mayor a tres días hábiles como integrante de la misma al diputado local Héctor Alonso Granados.

De acuerdo al oficio CNHJ-211-2019  tras presentar diversos argumentos en torno al  respeto a los derechos humanos y contra la violencia, la igualdad de género en la diversidad, hacer  valer los derechos contra la discriminación social, laboral y política, el legislador no puede pertenecer al partido.

El documento fue  firmado por Gabriela Rodríguez Ramírez, Héctor Díaz Polanco, Adrián Arroyo Legaspi, así como Víctor Suárez Carrera, quienes después de la argumentación precisan:

“Es por lo antes expuesto y fundado que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena considera que el C. HÉCTO EDUARDO ALONSO GRANADOS actual diputado local por el distrito XIX  del estado de Puebla no puede ni debe pertenecer a la bancada de este partido político en el Congreso del Estado de Puebla, en virtud de que, derivado de las recientes declaraciones públicas difundidas a través de diversos medios de comunicación y en el propio recinto legislativo, es evidente que no comparte , respeta, ni representa lo establecido en los Documentos Básicos de Morena”.

Los integrantes de la comisión que votaron por unanimidad el documento se refieren al artículos 49º inciso d del estatuto, y se requiere a Gabriel Biestro en su calidad de coordinador de la bancada la separación inmediata.