Al advertir que ninguna empresa contratada para instalar los bolardos en algunas calles del Centro  Histórico y en 15 cruces peligrosos se relaciona con la encargada  de la Secretaría de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez pidió al regidor morenista José Luis González Acosta presentar pruebas del conflicto de intereses que supuestamente ligan a la funcionaria con esas firmas.

Anunció que se encuentra  trabajando en transparencia para que el fallo pueda mostrarse  en la página de internet del Ayuntamiento.

“No hay tal cosa (de intereses personales), está en juego el buen nombre y el buen proceder del comité de adjudicación del Ayuntamiento, todo es producto de una licitación nacional, si hay conflicto es muy reducido”, subrayó.

Valoró que la titular de la dependencia Rubio Acle firmara en días previos una carta donde se deslinda de conflicto de intereses y de tener cualquier tipo de relación con alguno los en la instalación  de los bolardos.

Rodríguez Juárez reiteró que si González Acosta tiene información sobre un conflicto de intereses deberá presentar las pruebas para que se realice de inmediato una investigación porque si es de esa forma, existe un delito muy evidente que deberá sancionarse.

No llegan pistolas inmovilizadoras

Reveló que aún no arriban las pistolas paralizadoras para uso de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por cuestiones aduanales.

Indicó que existe la posibilidad de que pueda ser la empresa que ganó el segundo lugar de la licitación nacional la que compré los taysers.

La empresa ganadora del concurso es la Comercializadora Chitoobe, S. A. de C. V., deberá ofertar una mejor, pero si no ocurre esto se puede recurrir al segundo lugar, como establece la ley de adjudicaciones.

“La empresa que ganó está imposibilitaba de traer el equipo coreano, pero tiene la posibilidad de entregar otros con mejores características; en caso de no poder, vamos al segundo lugar pero debemos agotar esta etapa”.

El millar de pistolas inmovilizadoras licitadas tiene un monto de 32 millones de pesos, la solución deberá  resolverse antes del primer día de febrero.