La diputada local por el Partido Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, pidió no sobre legislar, y aclaró que la llamada “Ley Ingrid”, o “Ley Escamilla”, que busca sancionar a los funcionarios públicos que podrían ser peritos, policías u otros servidores públicos que filtren imágenes de las víctimas, ya existe, y se encuentra en el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales, y la sanción va de 3 a 10 años de prisión.

En entrevista, la legisladora indicó que antes de pensar en redactar una nueva ley en torno a las filtraciones que se hicieron de las fotografías de Ingrid Escamilla, hay que revisar la legislación que ya existe sobre la materia, y en su caso endurecer las penas para quienes violen las disposiciones.

La legisladora precisó que es el artículo 421 donde están debidamente establecidas las penas hacia los funcionarios públicos.

“Son delitos que afectan la Procuración y Administración de Justicia:

VII. Ejecutar actos o incurrir  en omisiones que produzcan un perjuicio o concedan una ventaja indebidos en contra o en favor, respectivamente, de alguno de los interesados en un negocio;

XI.- Ejecutar actos, incurrir  en omisiones o dictar resoluciones en detrimento de los derechos de las víctimas que las pongan en desventaja respecto del o de los investigados, procesados o sancionados por hechos que la ley señale como delitos, en contravención del principio de igualdad procesal entre las partes;

Merino Escamilla dijo que el punto medular es: XXXII.-  Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa, carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la Ley o resolución de la autoridad judicial, sea información clasificada  como reservada o confidencial;

Dijo que en todos los delitos previstos en el presente artículo, además de la prisión y multas previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Además la sanción  será de 3 a 10 años de prisión y multa de $42,000 a $168,000, en este caso se tendrá que valorar si las sanciones se incrementan.