El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que su administración no negociará con nadie la aplicación de la ley y habrá sanciones, si así se determina por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en contra de ex funcionarios estatales colaboradores de Antonio Gali Fayad.

Luego de que la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por 10 mil 89.6 millones de pesos, el mandatario local dijo que esto se trata de una revisión a las finanzas públicas, pero no es el resultado final, por lo que apoyará cualquier tipo de sanción que se emita en contra de funcionarios quienes cometieron actos de corrupción.

“Ya tenía información desde hace 20 días o hace un mes, que siga el curso de determinación de responsabilidades, hay obras que están gastadas y no justificadas y no tienen documentación en cuanto al gasto realizado en ellas (…) hay muchas cosas, eso es parte de lo que está fluyendo día a día en las revisiones que se están haciendo, esa información me llegó a mí, de las otras revisiones surgirán muchas más cosas y de eso saldrá otra información. No es en la revisión final, la ASF tiene revisiones federales, ya vieron cuánto hay que acreditar, miles de millones de pesos”, dijo el mandatario local.

Y es que, confirmó que tan solo en el boulevard Carmelitas hay personas a quienes se les quitaron sus propiedades y hasta el momento no se les ha liquidado, “no les han pagado su propiedad, estamos haciendo todo un recuento para poder cubrir el importe de las mismas, eso es una, de la RUTA es un pendiente que tengo en las líneas 1, 2 y 3, no he abierto esa carpeta de todo lo que significa ello, estamos en el curso de hacer todo ello”, refirió.

Finalmente, el mandatario local refirió que los entes fiscalizadores se encargarán de determinar las responsabilidades administrativas e incluso penales que procedan en contra de ex funcionarios panistas.