El secretario de gobernación, David Méndez Márquez, calificó como positiva la decisión de juzgados federales para transparentar el contrato firmado por el gobierno de Rafael Moreno Valle con la empresa Concesiones integrales, por medio del cual se privatizo el agua, pues el documento se podrá revisar a fondo y en su momento el área jurídica analizará su revocación.

Sin profundizar en el tema, puesto que serán decisiones jurídicas las que determinen si es posible revertir el contrato, Méndez Márquez señaló que la postura manifestada en todo momento por el gobernador, Miguel Barbosa, es que el agua no se debe privatizar, pues es un derecho humano.

“Respecto a la privatización del agua obviamente este gobierno no comparte esta situación y en este sentido se están evaluando las distintas alternativas en el marco de lo jurídico que permitan garantizar el derecho que tienen todas las poblanas y los poblanos de contar con ese servicio vital”, refirió.

El secretario de gobernación señaló que en su momento tanto la Consejería Jurídico del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen que trabajar en este punto, pues se tiene que analizar las implicaciones que revertir el contrato tendría, pues en el caso de incumplirse, hay clausulas que señalarían el pago de indemnizaciones, pero reiteró que el tema debe analizarse a a profundidad por el área jurídica.

El pasado lunes, Intolerancia Diario, dio a conocer que ante la impugnación del Colectivo Hermanos Serdán, jueces federales ordenaron la apertura del contrato, expediente que fue clasificado como reservado por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) hasta el 2023, avalado por los comisionados de Instituto de Transparencia en el estado.

“Es un asunto que se estará evaluando, respetamos todas las decisiones que el propio Congreso toma en el marco de sus facultades y lo que se está evaluando son las distintas alternativas jurídicas para modificar el tema de la privatización del agua”, dijo el funcionario estatal.

Méndez Márquez reiteró que el Poder Legislativo también tendrá que atender este tema, por las implicaciones legales que esto implique, pues como se dijo en su momento, este contrato no fue autorizado por las pasadas legislaturas.