El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, determinó la suspensión de actividades en el ente fiscalizador a partir de éste miércoles, y rechazó que vaya a darse un retraso en la entrega de los dictámenes al Congreso, una vez que se solicitó una prórroga de seis meses para entregar los documentos, previo a que se diera la contingencia por el COVID-19.

Explicó que el paro de labores será durante las siguientes dos semanas para no poner en riesgo la salud de los trabajadores durante la contingencia por COVID-19.

A través de sus redes sociales, dio a conocer el acuerdo aprobado para enviar a su casa al personal que labora en la ASE a partir del martes 31 de marzo y hasta el siguiente 17 de abril de 2020 y mantener cerradas las puertas para no concentrar a la gente en el inmueble.

“Resulta necesario para salvaguardar la integridad física y salud de los servidores públicos adscritos a esta Auditoría Superior, sus usuarios y demás ciudadanos que asisten a dicha entidad fiscalizadora declarar no laborables en su totalidad los días comprendidos del 31 del mes de marzo y hasta el 17 del mes de abril del año 2020”.

Destacó que en caso de “excepción y urgencia” se convocará al personal estrictamente necesario bajo la coordinación de cada uno de los titulares de los órganos técnico administrativos debiéndose adoptar las medidas sanitarias necesarias en el sitio de trabajo.

Asimismo dejó abierta la posibilidad que se lleven a cabo las labores a distancia y de acuerdo a las necesidades propias del servicio mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Los dictámenes a tiempo

En entrevista el titular del órgano fiscalizador, recordó que se solicitó a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, una ampliación del plazo perentorio para la entrega de las cuentas públicas 2018 para el mes de septiembre una vez que se presentan dudas sobre los documentos que había entregado la anterior administración.

Explicó que éste plazo que tenía la Auditoría Superior para presentar el informe de las cuentas públicas era el mes de abril, por ello se acaba de solicitar una prórroga de cinco meses para  que se puedan ampliar los procedimientos de revisión.

Advirtió que no está conforme con las revisiones que llevó a cabo la anterior administración, por lo cual se están iniciando nuevos procedimientos, y las cuentas públicas 2018 no serán turnadas en el mes de abril como lo marca la ley.

Explicó que la propia legislación local en la materia contempla que se puede solicitar el plazo para la revisión y una adecuada rendición de cuentas.

Recordó que la Auditoría amplió  a 45 obras que están siendo revisadas y que presuntamente fueron cobradas con facturas falsas y que podrían representar un quebranto por 757 millones de pesos.

El auditor en entrevista, señaló que los proyectos de infraestructura que se sumaron al proceso de auditoría fueron realizados por el Comité Administración Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y el Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE).

Advirtió que en lo que va de este proceso se tienen detectadas 24 empresas fantasma que presuntamente fueron responsables de la construcción de inmuebles pero que en una revisión ocular se comprobó que no existen en el domicilio fiscal reportado.

“Ampliamos el espectro de revisión a 45 obras, no solamente 17, las cuales se encuentran en un proceso muy minucioso de revisión sobre todo las que fueron llevadas a cabo por el CAPCEE y también algunas llevadas a cabo por el CEASPUE en los años 2017 y 2018 (...) Hay 24 empresas que no encontramos que ordené la inspección ocular y que tenemos evidencia fotográfica que no aparecen. Son temas relacionados con facturas falsas”.

Romero Serrano enfatizó que este asunto es muy serio y se requiere tener las pruebas que sustenten los actos de corrupción cometidos durante los gobiernos del PAN para iniciar los procesos correspondientes para sancionar a los funcionarios responsables del daño patrimonial generado al Estado.