El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro, criticó la postura adoptada por el Partido Acción Nacional (PAN), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en torno a la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, e indicó que se trata de una oposición que vive de las migajas que arrojan los demás, y que guardo silencio cuando se aprobó la Ley de Expropiación Exprés.

En conferencia de prensa en línea donde abordó tres temas, reforma educativa, la remodelación, y la ley de amnistía, sostuvo que él y el grupo legislativo al que pertenece, hicieron buena labor al iniciar el tercer período ordinario del Segundo Año Legislatuvo.

Reconoció que hay  oposición de universidades privadas en torno a la Ley de Educación, pero se trata de las instituciones más caras que defienden sus intereses, mientras del otro lado está la oposición “migajera” como el  PAN, y Coparmex, que no proponen, y  se alimentan de migajas.

Explicó que la Ley de Educación es una homologación con lo federal e insistió en que  las cosas se hicieron bien, respetando en espíritu de la ley para terminar con abusos que se cometen.

Biestro Medinilla señaló que se está legislando para para los padres de familia, no para consorcios ni mafias que se aprovechan de los rechazados de las instituciones públicas.

Recordó que a nivel federal fue aprobada la Ley de Educación  el 30 de noviembre de 2019, además de que  la ley del 1993 ya traía lo referente a que las instituciones forman parte del Sistema Educativo.

Comentó que la legislación no es para despojar, además de que  la constitución del estado de Puebla, en el artículo 79 señala claramente cuándo se puede expropiar por causa de utilidad pública, y en el documento aprobado el 15 de mayo, no se vulnera la propiedad,

En el caso de las cuotas solo dar aviso a la autoridad correspondiente, pero se aclara que no podrán retener los papeles, en el caso de los uniformes los podrán comprar en el lugar de su elección, además de que el estado no se mete con libertad de catedra.

El líder del Congres sostuvo que se fijan los lineamientos educativos, y hay la posibilidad de quejarse, ya que están en su derecho.

Manifestó que en el caso de la Coparmex, y el PAN, cuando se aprobó en Puebla la Ley de Expropiación Exprés, que permitía el despojo a los ciudadanos, pagándoles una miseria por sus propiedades, además de dejarlos en la indefensión jurídica, los dos guardaron silencio.

Expresó que son esa oposición que vive de las migajas, que se opone por sistema, pero hasta el momento no han presentado ninguna propuesta seria.

La remodelación

Por otra parte anunció que se han invertido en el edificio central del Congreso, seis millones 491 mil pesos, para su restauración y que no represente un riesgo.

Explicó que la remodelación, es ahora en la parte estructural, mantenimiento a los vitrales, e indicó que pasaron 30 años sin hacerle nada.

Comentó que  desde febrero se firmó en contrato, y no se podían detener los trabajos, y la realidad es que  no habrá nueva sede por la crisis que se vive.

La Ley de amnistía

Gabriel Biestro Medinilla dijo que éste miércoles presentará en el pleno la Ley de Amnistía del estado de Puebla que busca  beneficiar a todos aquellos que han sido encarcelados  por motivos políticos, así como a las mujeres que se encuentren en proceso por haber abortado.

Recordó que en el documento La ley establece que  la amnistía or el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal para el Estado de Puebla, cuando: a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; y b) Se impute a las y los médicos, o a las y los parteros, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido”.

Referente a las comunidades indígenas, cuyos casos de violación a sus derechos se presentaron principalmente durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, dará atención a los mismos tomando en cuenta si fue por delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.