El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, lamentó que un grupo de diputados encabezados por la bancada de Acción Nacional hayan querido engañar a la gente con el argumento de que sería revocada la Ley de Educación del Estado de Puebla, que se aprobó el pasado 15 de mayo, e indicó que ellos sabían que no procedía la controversia constitucional.

En entrevista, el legislador señaló que el documento que presentaron los diputados no cumplía con los requisitos de tiempo y forma, para que pudiera ser tomado en cuenta para su estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que los diputados engañaron a la gente y amenazaron con que la Ley de Educación se iba a caer, al igual que como han amenazado con muchas otras decisiones, pero en ningún caso  han tenido éxito.

“La Ley de Educación, no lesiona ningún derecho, no interfiere con la vida de las instituciones privadas de educación, y cumple con todo lo que la constitución mandata”.

El diputado reiteró que es una ley en beneficio de las poblanas y poblanos que guarda los derechos de los usuarios que reciben la educación privada, y quienes tienen el derecho constitucional de recibir la educación pública.

Recordó que hubo presiones para que otros diputados firmaran su solicitud, y que no contaban con los requisitos.

Biestro comentó que con la reforma ahora a ningún niño se le podrá negar la inscripción en la escuela pública por las cuotas, ya que estas son voluntarias, y ahora se están realizando las gestiones en el Congreso para apoyar a los padres de familia que tengan ese problema.

Se justifica Oswaldo Jiménez

Mientras, el coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, justificó el fracaso y el ridículo que hicieron al desecharse la acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley de Educación de Puebla, argumentando que sabían que no procedería.

En conferencia de prensa virtual, señaló que el recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solamente estuvo firmado por 13 legisladores aunque legalmente debía estar respaldada por un mínimo de 14 diputados locales.

El diputado panista dijo que el continuar con el proceso jurídico, fue para hacer un reconocimiento a “los diputados valientes” que escucharon la voz de los ciudadanos inconformes con esta propuesta, intentando minimizar el ridículo que hicieron a nivel nacional.

Aceptó que “sabíamos que era un requisito de procedencia las 14 firmas y lo dijimos en su oportunidad que lo haríamos con 13 firmas conscientes que lo más probable es que fuera rechazado por este requisito, sin embargo, lo hicimos como un reconocimiento a los diputados valientes que firmaron”.

Sin el respaldo

El pasado 15 de junio, al vencerse el plazo para obtener las firmas de los diputados para presentar la controversia, por la mañana el coordinador de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales,  presumió que se tenían 15 rúbricas de diputados para interponer el recurso, entre las que se encontraban las de los diputados del PRI, PAN, y el bloque independiente.

Por la noche de ese día,  los diputados Marcelo García Almaguer, así como Iván Jonathan Collantes, notificaron al presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla que ellos nunca firmaron, con ello quedaban 13.

Pero la protesta más grave fue la de el diputado Urubiel González Vieyra quien denunció que la firma que presentaron sus compañeros en el documento, era falsa, que alguien hizo un garabato, y pidió cotejarla con la que tiene registrada en el Congreso.