Luego de que el gobierno federal congelara cuentas a líderes poblanos de Antorcha Campesina (AC) por más de 900 millones de pesos, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, lanzó la advertencia que deben de respetar la ley.

En su videoconferencia matutina, el mandatario estatal sostuvo que el discurso de pobreza que tienen los líderes de dicha agrupación, es falso, ya que son inmensamente ricos, pero solo los dirigentes.

Por lo tanto, hizo un exhorto a los militantes, quienes sí son realmente pobres a no dejarse manipular o engañar.

“Ya lo sabía mucha gente, no sé los montos de las cuentas, solamente sé que son cuantiosos, así de simple, congelamiento de cuentas de personas físicas y morales”, señaló

Indicó el gobernador que tanto AC y otras personas morales están vinculadas a la investigación.

“Es un asunto federal, no estatal, solamente exhortaría a AC y a sus líderes, no a la gente pobre que está engañada, que en adelante desarrollen sus actividades políticas, sociales, productivas, bajo el imperio de la ley”, advirtió Barbosa Huerta.

“Que respeten la ley y a toda la gente que forma parte de ese conglomerado social, que no se deje manipular, sus líderes son inmensamente ricos. Ese discurso de pobreza es totalmente falso”, sostuvo.

Indicó que AC viola la ley de manera permanente, cometiendo delitos, usurpando funciones, invadiendo terrenos, “esto es solo el principio, así que los exhorto de manera respetuosa a que se desempeñen en todas sus actividades públicas y privadas bajo el criterio de la ley”, señaló.

Con la lupa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó sobre el bloqueo de cuentas vinculadas con AC, que opera en Estado de México y Puebla.

Sobre la operación de Antorcha en Puebla, la Unidad de Inteligencia señaló que el congelamiento de cuentas es contra el líder de la organización política, “así como de su esposa y 3 empresas que eran utilizadas para dispersar los recursos obtenidos de manera ilícita por dicha organización”. 

En Puebla es Juan Celis Aguirre y su esposa Soraya Córdova Morán, hermana del líder nacional de AC,  Aquiles, de los mismos apellidos.

De los elementos analizados, explicó la Unidad de Inteligencia, “se identificó que el líder de dicha organización recibió, en el periodo de 2010 a 2020, recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos.

Todo aunado al hecho de que de 2014 a 2019 recibió transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción.

De igual forma se enviaron, mediante transferencias bancarias, 18 millones de pesos, destacando 3 personas morales, identificadas como empresas fachada, a las cuales les mandó 3.6 millones de pesos.

El ‘congelamiento’ de cuentas, es contra de su líder nacional Aquiles, así como de personas físicas y empresas vinculadas financieramente con la organización.

Se afirma que AC mantiene una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria.

Del análisis realizado por la UIF, se logró identificar que la organización política en mención, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos”, señala la información. 

Asimismo, se localizaron cheques interbancarios, de 2015 a 2019, donde recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos.

“En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se identificó que dicha organización cuenta con 30 estaciones de servicio, las cuales se encuentran vinculadas con líderes, amigos y familiares”, agregó.

El esquema identificado por la UIF para la dispersión de los recursos, así como las personas físicas y morales vinculadas, en días pasados, “fue denunciado ante la Fiscalía General de la República para que dicha institución proceda en el ámbito de sus facultades”, se apuntó en un primer boletín.