La Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Isabel Merlo Talavera, confirmó que para el proceso electoral 2021, los aspirantes que busquen una candidatura, pero que hayan sido señalados por cometer violencia política de género, quedarán fuera.

En entrevista, la representante del PRI indicó que en el partido se ha luchado por erradicar la violencia política de género y en una acción congruente, todos los candidatos que se postulen tienen que mantener un respeto hacia las mujeres. Aseguró que el partido  no puede postular a ningún personaje señalado y comprobado que incurriera en violencia política de género.

“Todo lo que corresponda a que documentalmente exista una prueba y sanción de alguna autoridad jurisdiccional en contra de alguien esa persona estará impedida para abanderar las causas del PRI que son las causas de las mujeres”.

Señaló que la línea de este nuevo Comité Directivo Estatal (CDE) es brindar todo el apoyo y respaldo al sector femenino para capacitarlas y puedan competir por algún cargo de elección popular.

Merlo Talavera enfatizó que las mujeres tendrán un papel muy importante en los próximos comicios. Se debe reconocer su esfuerzo y no se puede permitir que ninguna persona ejerza ningún tipo de violencia en contra de las mujeres, tanto en Puebla como en el país.

Advirtió que ellos van a cumplir con la ley electoral, que fue reformada este año, donde se establecen los lineamientos para que los partidos postulen a los candidatos.

La reforma de julio

Previo a que terminara el tercer periodo del segundo año legislativo, los diputados locales dieron el visto bueno a la restricción para acceder a una candidatura a quienes hayan sido sancionados por conductas misóginas o incumplan con el pago de pensión alimenticia. Además, queda establecido lo referente a la violencia política de género, que anteriormente era solamente sancionada por el Instituto Electoral del Estado.

El documento establece “VII.- Las personas que hayan sido sancionadas por violencia política por razón de género, por violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria, en términos de este Código, de la legislación penal y demás aplicable, en cuyo caso dicho impedimento surtirá efectos para el periodo electoral siguiente inmediato, a partir de que quede firme la resolución correspondiente.”
Asimismo, para quienes aspiren a ser gobernador o diputado, se proponen nuevos requisitos, y se insiste en el tema de no haber sido sancionado por violencia de género:

“IV.- Acreditar la asistencia y evaluación sobre el curso de paridad de género, derechos humanos, no discriminación, así como de prevención, atención y erradicación de la violencia política por razón de género, que imparta directamente o a través de terceros la instancia respectiva del Instituto”

“VI.- No haber sido sancionado por ejercer violencia política por razón de género, por violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria, en términos de este Código, de la legislación penal y demás aplicable. En este caso el impedimento corresponderá al proceso electoral siguiente inmediato, posterior a la aplicación de la sanción conducente.”

Mientras el artículo 89 establece: "LV Bis.- Negar o cancelar el registro, en su caso, a la o el Precandidato o Candidato a quien se le haya sentenciado por autoridad competente, dentro de los plazos del proceso electoral respectivo, por incurrir en violencia política por razón de género, por violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria, en términos de este Código, de la legislación penal y demás aplicable".

La medida aplicará también en el artículo 159 pues “no podrán actuar como representantes de los partidos políticos ni de Candidatos Independientes, quienes se ostenten con los cargos o tengan las condiciones de ser sancionado por violencia política por razón de género, por violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria. El dictamen propone que el responsable de violencia política de género recibirá una sanción económica e incluso podría perder el cargo, así como el partido que lo postuló se le retirarán sus prerrogativas y podría perder el registro como partido político local”.