Tras los señalamientos del ayuntamiento de Puebla en contra del Congreso del Estado por haber eliminado de la Ley de Ingresos 2021 el derecho de cobro del consumo de energía eléctrica, la diputada Nora Merino Escamilla advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2019 declaró inconstitucional que los ayuntamientos realicen ese cobro, ya que invaden una instancia federal.

Lamentó que el personal que redactó el documento no haya estudiado los temas legales y el impacto que tendría el intentar un cobro fuera de la ley.

Indicó que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que en 2019 interpuso el recurso y después de analizado el tema por la Corte, se desprende que el artículo 73 constitucional dispone que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica.

Insistió en que debió estudiarse el recurso de inconstitucionalidad 87/2020 que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la Ley de Ingresos que publicó el Ejecutivo Estatal de Baja California el 31 de diciembre del 2019 aplicable para 2020. 

Respecto al DAP, la Corte reiteró que las disposiciones que preveían el pago de contribuciones por concepto del servicio de alumbrado público con base en el consumo de energía eléctrica invade una competencia que es exclusiva del Congreso de la Unión respecto a establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. 

Insistió en que el DAP es un cobro que efectivamente se tenía contemplado en el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 por la actual administración del ayuntamiento de Puebla, mismo que asciende a casi 140 millones de pesos en recaudación.

Recordó que la Ley de Ingresos del Municipio Puebla fue recibida y dictaminada por la Comisión General de Hacienda y Crédito Público del Congreso del Estado, de la cual es integrante, y después de un análisis ésta tomó la decisión colegiada de eliminar dicho derecho de la ley, en acatamiento a la resolución que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las leyes de ingresos de 2020 en diversos municipios, en los cuales establece de manera contundente que su cobro es competencia exclusiva de la federación, ya que su regulación es obligación del Congreso de la Unión.

Aclaró que ésta no fue la única Ley de Ingresos Municipal que tuvo que ser ajustada por la soberanía, ya que otros municipios presentaron el mismo concepto.

Dijo que en el caso particular del concepto del cual la presidenta municipal se adolece no cumplía con los estándares legales mínimos para su procedencia, es más, el mismo obraba en abierto desacato a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Invito a que el equipo técnico y jurídico de la presidenta municipal se sirva al menos revisar la acción de inconstitucionalidad 87/2020, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se establece la presente prohibición a proceder al cobro exigido en los recientes comentarios. Siendo ésta la resolución idónea para comprender los legítimos motivos que esta soberanía tuvo para detener esta ilegalidad en beneficio de la ciudadanía”, aseveró.

Finalmente hizo una atenta solicitud para que las ambiciones personales no afecten a las y los ciudadanos, que las prisas y el desconocimiento no provoquen el caer en actos ilegales que lo único que producen es un daño al patrimonio de quienes representamos y sobre todo, que no se pretendan justificar los errores cometidos llevándolos al campo de lo político.