El pleno del Congreso aprobó por mayoría la nueva Ley del Notariado del Estado de Puebla que quita la posibilidad de ser notario público, y diputado o funcionario gubernamental al mismo tiempo, además se establece que habrá una notaría por cada 20 mil habitantes y  deberán actuar con prontitud.

Tras una discusión de seis horas con el voto en contra de la bancada del Partido Acción Nacional, se aprobó la iniciativa enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con lo que se abroga la Ley del Notariado aprobada en 2015, propuesta por Rafael Moreno Valle.

La nueva ley fue cuestionada en lo particular por la diputada Rocío García Olmedo, quien se reservó al menos 50 de los artículos, ante presuntas fallas en la redacción así como procedimiento. Otros diputados como Mónica Rodríguez Della Vecchia, y Marcelo García Almaguer hicieron lo mismo, pero no hubo ninguna modificación al documento.

De acuerdo al documento aprobado en el pleno, se deberá privilegiar la carrera notarial para obtener la patente, además se elimina la herencia automática de las patentes, quienes la busquen, deberán presentar las prácticas de un año, además de los exámenes correspondientes.

Por otra parte para acelerar los trámites notariales, se establecerá una notaría por cada 20 mil habitantes, actualmente es una por cada 50 mil, lo que genera que por la carga de trabajo los trámites sean lentos y costosos para los ciudadanos.

Señala que las autoridades notariales deben asegurarse de que quienes ostenten la patente de notario o aspirante a notario, e ingresen a la institución sean verdaderos especialistas y técnicos en la ciencia jurídica y la práctica notarial.

La argumentación precisa que se requiere profesionalizar y fortalecer a la institución del notariado, abonando en la construcción de una verdadera cultura de legalidad en la entidad. Para ello, es necesario establecer e instrumentar procesos claros y rigurosos para el acceso al notariado y así como una capacitación constante.

“Se estimó conveniente impulsar la expedición de una nueva ley que recupere los valores de la institución, proteja sus pilares fundamentales y se perfeccionen y subsanen las fallas que actualmente aquejan a la institución del notariado en el estado.”

La propuesta incorpora por primera vez un apartado de definiciones de conceptos lo cual facilita el entendimiento del propio ordenamiento.

Para evitar posibles irregularidades  se prevé un procedimiento para reponer y restituir folios, así como de los instrumentos en ellos contenidos; se establece también que la reposición de folios deberá realizarse en un papel que reúna los requisitos de seguridad, con reglas claras y que la restauración de los mismos deberá ser realizada por un profesionista en restauración de documentos.

La iniciativa incorpora también los principios regulatorios e interpretativos que habrán de servir como eje rector de la función y documentación notarial. Lo anterior, brinda mayor certeza a los usuarios de los servicios notariales, pero también sirven de guía para los profesionales del derecho investidos con la fe pública del estado.

Los excesos de la anterior ley

Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se emprendió el control del Colegio de Notarios Públicos y se dio la persecución a fedatarios que pensaban diferentes al régimen, además por motivos políticos se les obligó a escriturar de manera gratuita.

A finales de 2016 previo a que terminara el gobierno de Rafael Moreno Valle fueron asignadas diez notarías a consentidos del gobierno, entre quienes destacaban, la diputada y excontralora Patricia Leal y la esposa del jefe de la oficina del mandatario, Roberto Moya Clemente.

Los notarios favorecidos por el extinto Rafael Moreno Valle Rosas fueron Alejandra Maupomé Cagigal, esposa del exsecretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, con la notaría 6 de Cholula; Irma Patricia Leal Islas, exdiputada local, con la notaría 7 de Cholula; Alexandra Herrera Corona, exdirectora del Registro Civil, notaría 8 Cholula.

También recibió su notaría Sergio Penagos García, notaría 9 Cholula; Miguel Martínez García, notaría 10 Cholula; Fernando Rosales Solís, exfiscal de Delitos de Alto Impacto, notaría 11 Cholula, y Gustavo Huerta Yedra, notaría 12 Cholula.

Continúan la lista Jorge López Cuevas, notaría 9 Tehuacán; Miguel Ángel Pérez Ramírez notaría 10 Tehuacán; Karlota Hernández Ramos, notaría 11 Tehuacán; Flor de Naranjo Tirado Alejo, notaría 12 Tehuacán y el ex diputado local por el PAN, José Gaudencio Víctor León Castañeda, notaría 13 Tehuacán.

Asimismo Agustín Salmorán Soledad, notaría 4 Tepeaca; María Dolores Martínez Barradas, distrito 5 Tepeaca; Gilberto Suárez Machado, notaría 6 Tepeaca; Luis Antonio Nava Garzón, notaría 7 Tepeaca; Beatriz del Rosario Triana González, notaría 8 Tepeaca; Norma Angélica Zacaula Martínez, notaría 3 Chalchicomula de Sesma; Alma Rosario Matías Colorado, notaría 4 Chalchicomula de Sesma; Juan Manuel Luciano Martínez Tello, notaría 5 Chalchicomula de Sesma.