El Juzgado Primero del Distrito en Campeche ordenó a autoridades responsables de construir y ejecutar el proyecto del Tren Maya, abstenerse de realizar las actividades correspondientes del “Proceso de Relocalización Consensuada”, por el riesgo de desalojos forzados.
El amparo fue promovido por un grupo de 80 personas de las comunidades y barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real. En 2020, las familias en riesgo crearon el Colectivo Tres Barrios, y en una primera denuncia, señalaron que esta primera etapa se trata de un desalojo forzoso, “puesto que no les está dando más alternativa que abandonar sus barrios”.
El colectivo apuntó que el juicio de la primera denuncia, presentada en abril de 2020 sigue en curso, mientras que la segunda se conformó por el grupo de 80 personas, quienes consiguieron el amparo.
Los pobladores señalan que el supuesto proceso de relocalización inició con información opaca y bajo la premisa que el desalojo sería “inminente”. Agregaron que el desalojo forzoso es una violación al derecho a la vivienda.
Esta suspensión provisional será hasta el 9 de marzo próximo, cuando el Juzgado defina si mantiene la medida hasta que concluya el juicio.
