El dirigente del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Ramón Fernández Solana, presentó una denuncia en contra de Claudia Rivera Vivanco, ante la Fiscalía General del Estado (FGE). La acusación fue por presunto peculado, desvío de recursos públicos y abuso de autoridad.

La querella en contra de la candidata a la alcaldía de Puebla por la coalición “Juntos Haremos Historia” se derivó después de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinara hace un mes que incurrió en el desvío de recursos públicos con fines político electorales, además de que al realizarle una entrevista en donde se destapó como aspirante a la reelección ocupó recursos materiales y humanos del ayuntamiento de Puebla.

En entrevista, el líder estatal de RSP, Ramón Fernández Solana, criticó el presunto uso de los programas sociales y los recursos públicos del ayuntamiento de Puebla, los que afirmó deben servir para apoyar las y los ciudadanos, especialmente en esta época de crisis económica. Lamentó que en cambio sean ocupados para presuntamente coaccionar el voto.

“Nosotros nos comprometimos con los ciudadanos a no permitir que se usaran recursos públicos para las campañas políticas, me parece inmoral que  viviendo la crisis económica que estamos viviendo en una crisis social se destinen recursos públicos a las campañas electorales y más en este caso de una administración que fracasó completamente", dijo.

"Le quedó mal a los poblanos que no tuvo la capacidad de resolver los problemas de la ciudad, en un interés personal reeleccionista ocupa recursos públicos que pertenecen a las familias poblanas para apoyar su campaña, de manera categórica sí les digo que en Redes Sociales Progresistas no lo vamos a permitir y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de las familias poblanas”, dijo.

En su oportunidad, el abogado y especialista en materia electoral, Gerardo Saravia detalló que esta denuncia derivó de los cinco juicios electorales que fueron promovidos ante el TEEP, institución que determinó que hubo violación al artículo 134 constitucional.

En los juicios “se determinó en cada uno de ellos que Claudia Rivera Vivanco utilizó recursos públicos y también promocionó su imagen en clara y franca violación a lo establecido en el artículo 134 constitucional, con fines de posicionarse, porque ya sabemos que desde hace mucho tiempo que ella estaba buscando la reelección, entonces no sólo utilizó programas sociales como el caso de los armarios verdes, sino también utilizó bienes del ayuntamiento para poder dar una rueda de prensa en un momento en que está prohibido por la ley y eso fue lo que determinó el TEEP a través de sus sentencias”, dijo el ex magistrado.

La coacción es en colonias más pobres

Por su parte, el candidato César Morales, candidato a diputado local por el Distrito 10, comentó que personal del ayuntamiento de Puebla ha recorrido las colonias en donde presuntamente se coacciona a las y los ciudadanos, pues en el caso de no votar por Claudia Rivera Vivanco se les amenaza con retirarles programas sociales, lo que constituye un delito electoral, esto habría ocurrido en La Condesa, la Nueva 3 de Abril, Alianza Popular, San Salvador Tepexco y en San Pablo Xochimehuacan.

“Yo recorro las colonias a pie y la gente me dice que hay inspectores del ayuntamiento con padrón en mano que están recorriendo las colonias y donde hay un domicilio que tenga un programa municipal toca la puerta y nos dice que si no quitan la publicidad  y montan la de Morena les van a retirar el apoyo, eso es una coacción, son las colonias más pobres de mi distrito”, comentó.

¿Qué se denuncia?

De acuerdo al documento que se presentó ante la FGE, se denuncia la presunta utilización ilegal de fondos, bienes o servicios públicos municipales, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse ante el electorado como candidata.

Además, se denuncia el supuesto abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, por la ejecución de actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del estado.

Y finalmente, el presunto peculado, por destinar a título personal e indebidamente fondos públicos, con el objeto de promover su imagen política o social.