El Ejecutivo del estado envió al Congreso del Estado una iniciativa para modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, para derogar el artículo 16, con lo cual desaparece la figura de “Testigo Social”, por lo que el dinero que se destinaba a este rubro será reorientado al gasto social.

De acuerdo con la iniciativa enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que fue enviada a la Comisión de Hacienda, la cual comprende la derogación del artículo 16 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y del artículo 42 Bis de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, en atención a priorizar la reorientación del gasto público para atender las necesidades básicas de las y los poblanos, bajo el principio rector de la austeridad republicana, destaca el documento.

Conforme al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 22 de enero de 2020, dentro de los temas referentes a la participación ciudadana, un tema que actualmente ha generado mayor injerencia por parte de la sociedad es la corrupción, el cual requiere también de la acción por parte de las autoridades para poder contrarrestarla en todos sus niveles y distintas formas de presentarse.

En la argumentación, se señala que el gobierno del estado ha emprendido la "labor titánica de combatir la corrupción"; sin embargo, esta lucha requiere la participación de todas las esferas y no únicamente de las instituciones públicas, partiendo de la exégesis de que son las y los poblanos quienes viven de primera mano conductas reprochables que pueden considerarse actos de corrupción, de ahí que la participación ciudadana debe erigirse como instrumento esencial para la toma de decisiones en la ejecución de políticas públicas.

Actualmente, la ley prevé el pago de honorarios para aquellos particulares que funjan como “testigos sociales” en los casos específicos que así lo ameriten conforme a la norma aplicable, y que tal pago se materializará en atención a la importancia de la obra a ejecutar y/o servicio o bien a contratar, el presupuesto a asignar y las peculiaridades del asunto.

Explica además que la derogación de las porciones legales que prevén el marco jurídico de actuación del “testigo social”, tal acto no conlleva per se un retroceso respecto de los mecanismos necesarios para la detección de conductas reprochables que pudieran derivar en actos de corrupción.

“La Ley General de Responsabilidades Administrativas, los Servidores Públicos tienen la ineludible obligación de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, y que en caso de no observarse tales principios, corresponde a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, el desahogo de los procedimientos conducentes para la imputación de las sanciones respectivas”.