Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusaron de corrupción a las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla (JLCA) y de la Procuraduría local de la Defensa del Trabajo, luego de no proteger los derechos de un trabajador y, por el contrario, perjudicarlo con dolo.

La Coalición de Organizaciones de Pensionados, Viudas y Jubilados del IMSS en Puebla y Tlaxcala denunció que sigue el maltrato a los trabajadores que se atreven a demandar a alguna empresa por no cumplirle su derecho a la pensión.

Manuel Picazo Gómez, presidente del organismo, relató a Intolerancia Diario las anomalías de parte de funcionarios de la JLCA, quienes “misteriosamente” trabajan en favor de las empresas.

Un caso

Picazo Gómez informó el caso de José Rojas Cortés, quien levantó una demanda por despido injustificado contra una empresa comercial en la que prestó sus servicios por cuatro años. En el lugar laboraba como encargado de paquetería y limpieza, pero por el hecho de exigir que lo inscribieran al Seguro Social fue dado de baja.

Entre los documentos que presentó ante la Procuraduría local de la Defensa del Trabajo se encontraban su gafete, comprobantes de pago de salario y de atención médica particular que recibió a cargo de la empresa.

La audiencia que fijaron las autoridades para el 4 de mayo pasado fue suspendida a petición del representante de la empresa, con el argumento de que seguirían en pláticas conciliatorias para buscar un acuerdo económico.

En esta petición se comprueba que nunca se desconoció la relación laboral entre el demandante y la empresa, dijo Manuel Picazo.

Por otra parte, se comprobó que la licenciada Ana Gabriela Olmedo Jiménez, que representó al demandante, no es de las que están acreditadas en la demanda por parte de la Procuraduría.”

Indicó que dicha abogada fue enviada de último momento por quien está acreditado por la autoridad laboral, María Guadalupe Sosa Ubera, quien tenía la obligación de representar a José Rojas. Del acta dio fe Mónica Sánchez Romero, en su carácter de secretaria de la JLCA, fijando nueva fecha para la celebración de la audiencia suspendida.

“Sin embargo, Olmedo Jiménez mandó a llamar a nuestro compañero a los dos días, es decir, el 6 de mayo, para ponerle en conocimiento que le ofrecía la empresa 7 mil pesos para que desistiera de la demanda.”

Indicó que el demandante aceptó el dinero por sufrir fuertes problemas económicos, dinero que le fue entregado en efectivo, por lo que la secretaria de la JLCA levantó el acta de convenio. Pero ahí vino el engaño, ya que en el acta le hicieron firmar bajo presión que jamás había existido relación laboral, y para que no desistiera de la maniobra hasta se imprimió su huella digital.

Esta “argucía legaloide” fue para eximir a la empresa de cualquier problema posterior, ya que las autoridades laborales estaban obligadas a investigar si se está dando o no seguro social a sus trabajadores.

“La situación nos obligó a intervenir, logrando que le proporcionaran copias certificadas de lo actuado y que le entregaron apenas el pasado 10 de agosto, tras muchas vueltas e insistencia.

”Fue así como nosotros pudimos comprobar la forma vil en que distorsionaron el acta levantada, pues ni siquiera aparecen asentados los 7 mil pesos que le entregaron, sino que simple y llanamente aceptaba que nunca había tenido relación laboral.

”La gravedad del proceder de los implicados, como la abogada y las mismas autoridades de la JLCA, consiste en que de la oficina de la Auditoria a cargo de Javier Ramírez Mantilla, se niegue a aplicar una investigación contra la empresa.”

Subrayó que así lo marca el artículo 149 o, en su caso, el 96 de la Ley del Seguro Social, al existir pruebas contundentes de que hubo relación laboral lo tenían que inscribir al Seguro Social.

Indicó que al trabajador se le deben de reconocer más de mil cotizaciones anteriores al IMSS y las 52 nuevas que marca el articulo 183, además tomando en cuenta que tiene más de 67 años de edad la empresa debe pagar 208 cotizaciones por violar el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

Contubernio IMSS-Profedet

Asimismo, acusó que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y el IMSS trabajan en contubernio para negar algunas pensiones a trabajadores, lo que hace un verdadero vía crucis cobrar la prestación.

Picazo Gómez señaló que por lo menos hay cinco casos de personas de la tercera edad que llevan hasta cuatro años sin cobrar su pensión.

Afirmó que directivos del IMSS niegan las pensiones alargando procesos burocráticos, los que “eternizan” hasta por más de dos años, en lugar de resolverlos en mes y medio como marca la ley.

Por eso, tras “eternos” procesos, hace unas semanas salieron 200 laudos a favor de los pensionados, lo que demuestra que la exigencia de las personas de la tercera edad es justa y legal, sin embargo, en los cinco casos pendientes las personas buscan pensionarse por enfermedad, dándoles “largas” en el IMSS para no pagarles lo que les corresponde por derecho.

“El IMSS acusa que no tienen cotizadas las nuevas semanas, lo que ha prolongado el proceso a situaciones desesperantes para estas personas. A eso le apuestan: o a que se muera el pensionado, o que deje todo de un lado por su misma edad.”

Incluso, tuvo el caso de dos muertes de personas que esperaron que el trámite concluyera, pero el IMSS nunca se sensibilizó y jamás les reconoció la pensión que les tocaba. La misma situación ocurre con viudas o viudos que no pudieron cobrar las pensiones por cualquier pretexto.

Han sostenido pláticas con el director de la Profedet en Puebla, Arturo Flores Grande, quien no les dio una respuesta positiva, sin embargo prometió que seguirían las pláticas con el IMSS en una clara respuesta dilatoria.

Y aunque las pensiones son mínimas y no rebasan los 2 mil 15 pesos mensuales —10 por ciento menos por invalidez—, el problema sigue siendo grave.

Sin embargo a pesar de no ser cantidades fuertes, ya hubo decesos de jubilados sin que lograran un solo peso de pensión, a pesar de haber cotizado 500 semanas de trabajo como marca la ley, y todo porque el IMSS no reconoce semanas laboradas de los trabajadores debido a que la gran mayoría suspendió cotizaciones por la pérdida del empleo.

Incongruencia

Mientras que autoridades federales afirman que tienen en proceso de juicio más de 3 mil 800 casos de aspirantes a pensionarse por el IMSS, la cifra real podría llegar hasta 10 mil personas que buscan el apoyo en Puebla

Manuel Picazo acusó que hay trabajadores del Seguro Social que cobran grandes montos de pensión, respaldados por la ley que establece un limite de 25 salarios mínimos como pensión máxima, lo que equivale arriba de 40 mil pesos mensuales sin contar prestaciones.

“Hemos hecho una propuesta que enfocamos a la Comisión de Seguridad Social de la Legislatura actual, donde se proponen reformas para que se acaben de una vez por todas esas asignaciones económicas del IMSS.”

Informó que en Puebla hay alrededor de 75 mil pensionados, pero la mayoría se encuentra en la capital, donde rebasan las 40 mil personas.

“En el Seguro Social siempre han habido problemas, hasta cierto punto los entendemos por ser una institución muy grande pero tiene desde personal muy eficiente hasta funcionarios que no cumplen cabalmente con su misión.”

Aclaró que cuando se trata de una pensión por cesantía en edad avanzada, debe tener 500 semanas reconocidas de cotizaciones. Luego, la edad de 60 años cumplidos y finalmente, estar vigente en esos derechos.

“Hay casos que cotizaron 25 años y por alguna razón al final fueron dados de baja, se quedaron sin seguro y por esa situación se quedan sin pensión. La ley señala que tienen que volver a cotizar nuevas 52 semanas para recuperar su vigencia anterior y derechos.

”Hemos logrado que a algunos se otorguen sus derechos y demandas. Por eso mismo acordamos presentar el proyecto de reformas a la ley, del articulo 183, en sus tres párrafos.”

Lograron que la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Unión haya aprobado en pleno la reforma solicitada; el problema es que al pasarla al Senado la “congelan” nuevamente.