El ayuntamiento de Puebla buscará terminar con el negocio que han hecho grúas que operan en la capital de manera irregular y que llegan a cobrar hasta 7 mil pesos por un traslado.

Y es que la ciudad está secuestrada por estas mafias compuestas en su mayoría por empresas afiliadas a Antorcha Campesina u otros particulares (Doama, Victoria, Ocaña y La Unión) las cuales están cometiendo abusos en agravio de los ciudadanos.

En últimas, fechas las denuncias han sido turnadas a los regidores del cabildo de Puebla, en el sentido de que al momento de presentarse un accidente o una descompostura de vehículos o transporte público, estas empresas llegan a cobrar grandes cantidades de dinero que ni siquiera están establecidas dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla.

Mientras que la ley de Ingresos establece que por el servicio de arrastre se cobra 418 pesos por vehículos y motocicletas; camiones y remolques 514 pesos; camionetas, transporte público y autobuses 739 pesos, las mafias cobran de 4 mil 500 hasta 7 mil pesos solo por el arrastre bajo el argumento de que hacen hasta 9 movilizaciones de 500 pesos cada una.

Lo anterior, ha ocasionado la inconformidad de los ciudadanos que incluso en la mayoría de los casos son objeto de amenazas o agresiones para que paguen obligatoriamente este tipo de cuotas ilegales que imponen grupos de Antorcha Campesina.

Todo lo anterior, fue denunciado por el regidor del PRD, Arturo Loyola González quien calificó como todo un negocio y abuso el servicio de grúas de empresas particulares, ya que han recibido reportes de las tarifas altas sin regularizar que aplican estas unidades, ello tras brindar su servicio de traslado en siniestros, principalmente.

Por ello, indicó que a casi año y medio de administración municipal se ha pedido el convenio y/o concesión, que permite a estas empresas dar el servicio en la capital.

De acuerdo con Loyola González lo grave de este problema radica en que estas empresas cobran lo que quieren y a base de engaños arrastran las unidades sin rumbo, ocasionado así, el incremento excesivo de las tarifas, las cuales muchas veces ascienden hasta los 7 mil pesos.

Por lo anterior, Loyola González lamentó que mencionadas empresas (Doama, Victoria, Ocaña y La Unión) cobren más de lo que establece la Ley de Ingresos y que ese dinero no ingrese a las arcas municipales sino que se quedan en los bolsillos de los “particulares”.

Ante las altas tarifas que cobran, indicó el regidor los conductores prefieren dejar el vehículo enganchado a la grúa, hasta que reúnen el 
dinero –obligados por la situación- bajo las presiones de estas personas.