El asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, “Simitrio” Rubén Sarabia Sánchez, pidió a Fiscalía General del Estado (FGJ), a cargo de Víctor Carrancá Bourguet, y a los jueces del estado otorgarle la libertad absoluta, ya que ganó un nuevo amparo federal el pasado 12 de junio.

Desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, Sarabia Sánchez destacó que este es el momento ideal para que las autoridades judiciales del estado cumplan con la reconciliación que realiza el gobernador Tony Gali con todos los sectores de la sociedad.

Simitrio acentuó que, de esta forma, se comprueba una vez  más que el exgbernador Rafael Moreno Valle “se dedicó a fabricar presos políticos” como es su caso, el de sus dos hijos Alt y Xihuel Sarabia Reyna, además de sus compañeros Fernando Alonso y José Muñoz, de la organización 28 de Octubre.

“El pasado 12 de junio del presente año se me notificó la concesión del amparo y protección de la justicia federal a mí dentro del juicio de amparo 169/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, contra el auto de formal prisión que me fue dictado dentro del proceso 9/2017 del Juzgado Primero de lo Penal de Puebla (antes 530/2014 del Juzgado Penal de Cholula) para lo cual cito un fragmento de la sentencia de amparo: Empero, tampoco fundó y motivó como se justificó la probable responsabilidad del hoy quejoso en dicho ilícito, pues al respecto se limitó a señalar que ello se justificaba con cada uno de los elementos con los que se demostró el cuerpo de delito y valoró en términos similares las declaraciones de los mencionados testigos de cargo, pero sin aportar nuevos elementos de los que se desprendieran imputaciones directas y concretas contra el quejoso.

Conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que  se le atribuye la probable comisión del delito de narcomenudeo en la modalidad de suministro de cocaína y marihuana, menos aún demostrar que este haya sido la persona que los suministro de forma directa o indirecta”.

Remarcó que la justicia de la Federación nuevamente demostró que el exgobernador y sus autoridades judiciales se dedicaron a fabricarle las acusaciones como la de narcomenudista y otras que “me sembró”, aseguró. La resolución, consideró, deja a la administración estatal  con pleno poder para determinar liberarlo sin negligencia por parte de las autoridades.

El líder moral de la 28 de Octubre, subrayó como necesario que en Puebla nuevamente se adopte la cultura del derecho que se perdió en el anterior sexenio ante la “voracidad” de poder mostrada por el otrora gobernador, quien impuso en la entidad un Maximato, sin embargo, señaló que ha llegado el momento de la apertura a la democracia y de respeto las resoluciones de la justicia federal.

“El encarcelamiento de los presos y la sujeción a proceso penal de los procesados políticos tiene el propósito central de destruir a la UPVA 28 de Octubre como instrumento de lucha para que como parte del pueblo mexicano, los vendedores no podamos defendernos de los ataques de que estamos siendo objeto para la mayor dominación y saqueo imperialista estadounidense”.

No existen elementos para tenerlos presos

El abogado Samuel Porras, priorizó que al haber ganado Simitrio su cuarto amparo, no existen elementos suficientes para atribuirle el delito de narcomenudeo por participación directa o indirecta, además de que con ese amparo se comprobó la ilegalidad de la revocación al beneficio preliberación que gozaba y se ordenó injustamente la prisión domiciliaria en el lugar de su liberación.

Prolongar la liberación de Simitrio, Atl y Xihuel Sarabia Reyna y a Fernando Alonso y José Muñoz, será una cerrazón y un desacato a la justicia federal, estimó la defensa de los acusados.

Anuncian marchas

La Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre anunció la Caravana por la Libertad, a realizarse el próximo cuatro de julio. Las actividades iniciarán con conferencia de prensa a las 8.30 horas en el Mercado Hidalgo, luego viajarán a la Ciudad de México para llevar a cabo un mitin afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Después se dirigirán a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para exigir su intervención para la solucionar los casos de sus pesos políticos, y de ahí, marcharán a la Secretaría de Gobernación para pedir la libertad sus compañeros.