La próxima legislatura local será la responsable de la eventual separación del cargo, así como el relevo del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Víctor Carranca Bourget, "con la finalidad de que la acción de la justicia y se finquen responsabilidades inherentes al cargo”, consideró Francisco José Romero Serrano, presidente de Sindemex. 

Desde Sindemex consideramos que el Fiscal Carranca Bourguet debe rendir cuentas ante la próxima legislatura local y no solamente beneficiarse de una reforma para dejar un nuevo fiscal a modo, lo cual solamente puede ser objetado por el voto de dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado”, sentenciaron en un comunicado. 

Solicitaron a los diputados de la 59 legislatura local no prestarse para que el fiscal Carrancá se separe del cargo, evadiendo la rendición de cuentas y una eventual acción de la justicia. Pidieron a los diputados entrantes que atraigan el caso, en caso de que los congresistas salientes no den una respuesta favorable. 

En todo caso, si los actuales diputados se convierten en cómplices de esta situación, hacemos un llamado a los diputados electos para que cuando tomen posesión de sus cargos atraigan el asunto”.

De acuerdo a la Ley Orgánica emitida el 20 de febrero de 2016, que dio lugar a la creación de la FGE, se planteó un órgano constitucionalmente autónomo funcional, administrativa y presupuestalmente, con lo que se lograría un avance decisivo en el perfeccionamiento del sistema local de procuración de justicia.

Consideraron que  la actuación de la fiscalía está lejos de ser un relevante agente social que contribuya al fortalecimiento de la impartición de justicia, indicaron que el personal de la dependencia es insuficiente para atender a la ciudadanía. 

“Hoy la dependencia carece de los recursos humanos al sumar sólo 2.5 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, de los peritos y de los instrumentos para el desarrollo de sus funciones, aunado a que tampoco se ha capacitado a los policías y los cuerpos de seguridad estatales y municipales para que en pleno ejercicio de sus funciones cuenten con la capacidad para recabar pruebas que permitan una orientación  hacia la debida acción de la justicia”.


Así, el fiscal debe ser separado de su cargo al mostrar  incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses, o cometa violaciones graves a la Constitución General o a la Constitución del Estado, pero no solamente es que se separe o renuncie, sino hay que ir más allá”.