Una de las primeras acciones que debe implementar la LX Legislatura local será la reforma a la Ley de Agua para el Estado de Puebla y con ello eliminar la privatización del servicio, pues esto atenta en contra de los ciudadanos, quienes de 2017 a la fecha han promovido más 70 amparos, por abusos en el cobro y suspensión del servicio. 

Durante el Encuentro de Especialistas sobre el tema del Agua, que se realizó este miércoles, donde participaron el ambientalista, Francisco Castillo Monte Mayor y el activista Omar Jiménez Castro se pronunciaron porque se promuevan "en cascada una serie de amparos", que contribuyan a eliminar las cuotas exageradas a los usuarios. 

Durante el evento, se explicó que el actual ordenamiento legal, por el que se permitió que la empresa Concesiones Integrales realizará cobros a los usuarios, tiene vacíos legales y por este motivo han procedido los amparos promovidos, sin embargo, los activistas insistieron en que la norma tiene que echarse abajo. 

No ha sido fácil esta lucha de privatización emprendida en contra del gobierno morenovallista, cuando nosotros presentamos la primera serie de amparos, que fue el 13 de mayo de 2017, presentamos los amparos por suspensión de servicios de agua potable y drenaje por tener un adeudo sin acreditar el mismo y empezamos a tener diferentes razonamientos del juzgados del distrito y se echaron abajo", explicó Jiménez Castro. 

En el Edificio Presno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se dieron cita ciudadanos, quienes están en contra de esta privatización consumada a propuesta del Poder Ejecutivo y avalada por el Congreso del Estado, cuya legislatura está a punto de concluir. 

Aquí se explicó el procedimiento y la lucha jurídica que se comenzó, a partir de la privatización el agua pues los "juzgados no  esperaban que los ciudadanos promoverán amparos, a quienes se les había suspendido el servicio por falta de pago se les otorga la reconexión de forma inmediata sin ningún requisito. Nosotros empezamos acreditar el interés de cada quejoso, con la comprobación en el estado de cuentas y nos dan la razón", expusieron durante la conferencia. 

El agua es un derecho humano

En la conferencia, los activistas precisaron que el agua es un derecho humano y de vida, por lo que quitar el servicio por falta de pago es inconstitucional, por eso es que legisladores locales tienen que reformar el ordenamiento. 

Se trata de un acto de inconstitucional, suspender el servicio de agua, que además no es potable, además del servicio de drenaje. La empresa Concesiones Integrales intenta cobrar un adeudo sin demostrar que existe. Otro punto es que en la Ley de Agua no se especifica que se no pagar se tenga que suspender el servicio, no se le otorgan las facultades a esta empresa", señaló. 

Los activistas precisaron que además en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no existe la razón social Agua de Puebla para Todos, por lo que es una empresa "fantasma" y este ha sido un punto clave para que los amparos prosperen. 

Además, el ordenamiento actual "no reconoce ningún carácter jurídico a Concesiones Integrales y la Ley de Agua para el Estado de Puebla sólo reconoce a la Conagua, Ayuntamientos y Organismos Operadores de Servicios de Agua, Drenaje y Alcantarillado. La empresa es un particular que no debemos reconocer", señalaron. 

Proponen amparos en cascada

Los activistas propusieron que los ciudadanos interpongan amparos en cascada, con el objetivo de que esto ayude a que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se pronuncie al respecto, como un tema que atenta en contra de los derechos humanos de los ciudadanos y como un acto de inconstitucionalidad.

Se tiene que presentar un número masivo de amparos, que todos deben presentar un juicio de amparo, deban o no deban, tengan o no tengan suspendido, que vayan al corriente y así  estén pagando 50 pesos mensuales deben presentarlo, porque el juez de distrito. Si llega la empresa y dice que si nosotros provocamos una serie de amparos en cascada y logramos no pagarle nada, ahora si verdaderamente entre en números rojos, que no haya más dinero y que de inmediato se tenga que ir de Puebla", refirieron los activistas. 


Exigen reforma al artículo 12 

Como primera obligación ciudadana, la siguiente legislatura local tiene que hacer reformas a la Ley de Agua para el Estado de Puebla, ya que este ordenamiento ha lastimado a los ciudadanos, quienes pagan cuotas exageradas, sin recibir el servicio de agua potable adecuado. 

La Ley en general tiene que reformarse y especialmente el 12 de la Constitución Política del Estado, para que quede de forma explícita que el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado se trata de un derecho fundamental para los ciudadanos. 

Que esto sea un acto inconstitucional y que aplique  a la autoridad que de seguir reincidiendo se tipifique ese acto como un delito grave que no alcance fianza. Si la empresa que se comprometió a cumplir con las cuatro características fundamentales y no se cumplen entonces que se inicie una carpeta de investigación de forma colectiva. Los diputados que tienen que entrar deben llevar como primer tema la reforma a esta ley que tanto daño nos está haciendo", se pronunciaron. 

Los activistas señalaron que los legisladores de "Juntos Haremos Historia", tienen claro el tema, incluso fue propuesto en la pasada campaña electoral, de echar abajo este ordenamiento que ha atentado en contra de los ciudadanos.