Integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) oficializaron su petición al Congreso del estado para ser incluidos en las mesas de trabajo para la creación de una nueva Ley de Agua para el Estado de Puebla. Los activistas ya tienen un borrador del ordenamiento ciudadano que busca la puesta en marcha de un Consejo Nacional de Cuencas (Conac), que este integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno y ciudadanos.

En conferencia de prensa, María Eugenia Ochoa García, Omar Jiménez Castro y José Luis García Bello urgieron a la abrogación de la Ley de Agua para el Estado de Puebla que permitió la privatización en 25 municipios y que se impulse un nuevo ordenamiento que privilegie el cuidado y acceso al agua, y es que las reformas realizadas por la pasada legislatura local, a petición del exgobernador, Rafael Moreno Valle, lastimaron a los ciudadanos.

Los integrantes de la organización social informaron que a partir de la privatización del agua los ciudadanos han emprendido 300 amparos, de los que en las últimas dos semanas se han presentado 10, debido a los excesos que comete la empresa Concesiones Integrales S.A de C.V, conocida como “Agua de Puebla para Todos”, sin estar autorizada legalmente para hacer cortes de servicio de drenaje y agua potable.

En este sentido, el llamado de los activistas es a no pagar el servicio de agua potable y en el caso de que los usuarios que sean molestados por esta empresa pueden proceder legalmente en su contra, ya que el agua es un derecho humano y con el hecho de cortar este servicio se viola el artículo Cuarto Constitucional.

 Van por nueva Ley de Agua

La Asamblea Social del Agua (ASA) está en el proceso de reunir 130 mil firmas en el estado, con el objetivo de impulsar un nuevo ordenamiento en el estado, el que se refleje en “todos los segmentos, desde la parte rural y urbana, hasta la parte humana, tenemos que ir por el camino y conseguir ese número de firmas”, explicó García Bello.

El nuevo ordenamiento que plantean los activistas contempla Consejo Nacional de Cuencas (Conac), es decir, un gobierno de cuenca, subcuenca y microcuenca, en el que los municipios con un sistema de abastecimiento sean los administradores, pero tomando en cuenta los usos y las costumbres, además de que los tres niveles de gobierno estén involucrados.

Sin embargo, para la puesta en marcha de una nueva ley también se busca que la empresa Concesiones Integrales y el gobierno del estado hagan público el contrato en su totalidad y no parcial que se firmó en el pasado.

Se debe conocer el convenio pleno que se firmó entre Soapac y la empresa, porque no solo se privatizo el municipio de Puebla sino en 25 municipios en el estado, el Soapac es un ente que supervisa a Concesiones Integrales. Consideramos importante que se abra una mesa de trabajo, un foro, donde este presente el gobierno municipal, los representantes del Congreso local, del gobierno estatal y a su vez esté presente la ciudadanía”, refirió, María Eugenia Ochoa García.

Los activistas consideraron importante que el Congreso del estado, siendo mayoría la coalición “Juntos Haremos Historia”, la que tiene en la agenda el tema, avance en estos trabajos para que expertos en la materia puedan exponer sus ideas y así impulsar este nuevo ordenamiento, para frenar el mal uso del recurso hídrico y su privatización.

Los abusos de Concesiones Integrales

De 2014 a la fecha al menos 300 usuarios se han amparado ante los abusos cometidos por la empresa Concesiones Integrales, denunciaron integrantes de ASA, tan solo en las últimas dos semanas se han interpuesto 10 amparos, ya que empleados de la empresa procedieron en contra de particulares, entre ellos adultos mayores y personas con discapacidad, además de instituciones educativas.

El abogado Omar Jiménez Castro informó que la empresa Concesiones Integrales ha cometido abusos, uno de los casos ocurrió la semana pasada, cuando Gloria Islas Toxqui, persona de la tercera edad y estando delicada de salud fue suspendida de los servicios de drenaje y agua, situación que consideró un abuso por parte de la empresa, considerando la condición física de la usuaria.

Además, una estancia infantil ubicada en la Colonia Santa María también fue suspendida de los servicios, institución que procedió a un amparo, debido a los excesos en las tarifas que pretende cobrar la empresa y por esta acción de suspensión, considerada por el litigante de inconstitucional.

De 2014 a la fecha van 300 amparos y en las últimas dos semanas son diez, en esta semana, Barrio de la Luz, Colonia Santa María, Belisario Domínguez, San Antonio de los Ángeles, Centro, San Ramón, Castillotla, la Libertad. En colonia Santa María una Estancia Infantil, esos son los casos”, refirió el abogado Omar Jiménez Castro.

Finalmente, los activistas señalaron reiteraron su convocatoria a no pagar el servicio de agua y drenaje, pues Constitucionalmente no es un tema permitido, además confiaron en que a la brevedad en Legislativo impulse un nuevo ordenamiento.