Mientras el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, advirtió que las 84 bases otorgadas en la última sesión del Cabildo de Luis Banck Serrato pueden ser revertidas porque el proceso fue irregular y los trabajadores pasarán a ser de confianza, uno de los ahora sindicalizados adelantó que la ley no es retroactiva y se ampararán con la autoridad federal.

Rodríguez Juárez, insistió que el procedimiento tuvo vicios de origen porque nunca se emitió una convocatoria que sustentara el proceso para que los trabajadores tuvieran igualdad de condiciones.

"Existen fallas documentales ya que los expedientes están incompletos, los trabajadores que se vieron beneficiados no fueron respaldados con la evaluación de sus jefes, además de que no hay evidencia de que hubieran ocupado plazas operativas".

Indicó que, de las 84 bases, al menos 14 cumplen con las características señaladas, cuatro más no cumplieron con el requisito de que el aspirante tuviera conducta intachable, pues en la revisión hecho detectaron que tenían faltas cometidas en pasadas administraciones y que habían sido dados de baja temporalmente.

“Se concluyó la revisión por parte de Secad, si ubicamos irregularidades en el proceso de cambio de plazas de confianza a base, que son las que presentamos ante Contraloría municipal e hicimos un análisis caso por caso y encontramos que no cumplen con los requisitos de ley”.

Además, dijo que había casos de alarma, en el sentido que existían personas que se desempeñaban como jefes de departamento, coordinadores especializados y analistas consultivos, pero una quincena previa los convirtieron en plazas operativas para que pudieran ser basificados.

Dijo que el caso sigue en su procedimiento legal y será enviado a Contraloría y Sindicatura para comenzar una investigación en contra exfuncionarios del gobierno anterior por irregularidades en la entrega de las bases.

No descarta la posibilidad de que por las fallas que existieron se reviertan las basificaciones, pero aclaró que con esto no es una “cacería de brujas”, sino reponer el proceso con las condiciones legales.

Indicó que no se pretende afectar a los 84 trabajadores porque permanecerán laborando, además de que los salarios no variarán entre ser de confianza o sindicalizados.

Anunció que los basificados están en su derecho de tener audiencia, de defenderse y de presentar los argumentos que consideren necesarios para que mantener la base.

Aclaró que el sindicato no tuvo injerencia en la aprobación de las nuevas plazas.

Refrendó que la investigación es en contra de  Yareni Janix Natera, extitular de la Secretaría de Administración y de Gerardo Emilio Seráfico Núñez, exdirector de Recursos Humanos, por ser los preimeos implicados.

Se defenderán

Uno de los basificados en representación de sus compañeros, acentuó, que la ley no es retroactiva y se defenderán jurídicamente hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El trabajador, que pidió el indulto del anonimato, para evitar represalias del gobierno incluyente, indicó, que la autoridad municipal por más que quiera no podrá porque el caso se alargará años y a esta gestión le resta un par de años y menos de seis meses para marcharse.

Además, reiteró que la ley no es retroactiva como pretende aparentar el secretario Leobardo Rodríguez Juárez para intentar ver problemas a dónde no existen.