Ante la militarización ordenada por Andrés Manuel López Obrador, los "Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita" advierten su preocupación frente al Decreto presidencial.
Las entidades Jesuitas conminan a López Obrador y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a derogar el acuerdo mediante el que se sigue militarizando la seguridad pública.
"Se esclarezca detalladamente un plan, donde se asegure la participación de la sociedad civil, la academia y las víctimas, que garantice la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública será extraordinaria, regulada, escalizada, subordinada y complementaria. Además se elabore una estrategia sobre el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública que nalice con el retiro de nitivo de tropas en cinco años".
"La publicación del acuerdo se da en un marco en el que la violencia ha incrementado paulatinamente y en el que la intervención militar no ha tenido buenos resultados: más de 250 mil personas asesinadas y más de 40 mil personas desaparecidas; uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas (índice de letalidad de 1 herido por cada 20 asesinados por la Marina1); 87% de personas detenidas por las Fuerzas Armadas (Ejército o Marina), sufrió tortura o malos tratos durante el arresto; 4 de cada 10 mujeres detenidas por Marinos fueron violadas durante el arresto".
La IBERO recuerda que este lunes 11 previo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual el presidente de los Estados Unidos Mexicanos da continuidad a la militarización de la seguridad pública, que inició con la Reforma Constitucional sobre la Guardia Nacional que se llevó a cabo nales de marzo de 2019.
"El Acuerdo emitido ordena a la Fuerza Armada permanente a participar en las funciones de seguridad pública bajo los parámetros establecidos en el Artículo quinto Transitorio de la reforma sobre la Guardia Nacional. Estos parámetros mencionan que la intervención será de manera extraordinaria, regulada, socializada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, mientras ésta desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que su participación exceda cinco años".
Además, instruye tanto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina cubrir la forma en que se complementará la función de la Guardia Nacional menciona que las tareas que realice la Fuerza Armada permanente estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.
"Preocupa que lo ordenado no es suficiente para cumplir con los principios convencionales y constitucionales sobre la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, como lo han mandatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, en diciembre de 2018, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al deteminar que la intervención de las fuerzas armadas debe ser scalizada y subordinada a la autoridad civil, limitarse al máximo, con estricta excepcionalidad y regulada mediante mecanismos legales y protocolos de uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y con la respectiva capacitación en la materia".
El acuerdo que militariza la seguridad en el país es a todas luces violatorio a los derechos humanos, precisa la IBERO.
"Contraría el elemento de excepcionalidad al instruir un despliegue permanente hasta 2024. Contraría el elemento de absoluta necesidad, al no incluir una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno" .
Además es violatorio también por hacer referencia a la capacitación, ni a la implementación de un plan institucional integral, que asegure el fortalecimiento de instituciones policiacas de carácter civil y el retiro de nitivo de las tropas y dar continuidad institucionalizando la militarización de la seguridad, al poner en un mando armado la atribución.
"Ante el actual contexto que vivimos de confinamiento sanitario y aislamiento social a causa de la pandemia por el Covid-19, la militarización de la acción del gobierno, a través de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, representa un riesgo para la población en el sentido en que brindar de mayores atribuciones a las instituciones de seguridad sin control civil efectivo abre la posibilidad de restringir derechos humanos como el derecho a la libertad de tránsito, de reunión, de información, de expresión, entre otros, para la población en general, principalmente en los sectores más desfavorecidos. Esto podría fortalecer un esquema autoritario y debilitar la democracia instaurando un posible estado de excepción".
El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública,indica el posicionamiento de la universidad, ha evidenciado que lejos de reducir los altos niveles de violencia, ha generado un aumento de las graves violaciones a los derechos humanos, dado que el objetivo de los cuerpos militares es someter y abatir al enemigo, mientras que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar basados en un enfoque de prevención y de derechos humanos, reservados a los cuerpos policiales civiles.