En sesión ordinaria de Cabildo, los regidores aprobaron los estados financieros del Ayuntamiento de Puebla correspondientes del 1 al 30 de noviembre con 14 votos a favor, seis en contra y una abstención.
En la misma, también avalaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil para evitar la venta de bebidas embriagantes a menores de edad en salones de fiestas y jardines.
La presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda, Ana María Jiménez Ortiz, dijo que el capital se ha invertido en la seguridad de los poblanos, en la reactivación económica de la Angelópolis y al otorgamiento de servicios públicos de calidad.
Destacó que el Ayuntamiento de Puebla, hasta el 30 de noviembre previo tiene un saldo en efectivo de mil 268 millones de pesos, por lo que proyectó que en diciembre serán 520 millones de pesos que se destinarán a la ejecución de la obra pública.
En ese sentido, detalló que 343 millones de pesos serán de nomina, incluyendo los aguinaldos y compensaciones del cierre de año y 65 millones de pesos van a las ministraciones de los organismos públicos descentralizados.
También que para pagar la energía eléctrica son 35 millones de pesos, para las sentencias y resoluciones a demandas van 40 millones de pesos, además de otros 30 millones de pesos a fondos de contingencia y pensiones.
Finalmente, destacó que en el pago de contrato de bienes y servicios alcanzan los 550 millones de pesos para firmar una bolsa de mil 538 millones de pesos.
Insistió que ese recurso es necesario para cubrir al menos los compromisos más relevantes de esta administración durante diciembre.
Subrayó que hasta el último día de noviembre ingresaron a las arcas municipales cuatro mil 900 millones de pesos, de ellos, 3 mil 454 millones han sido por participaciones federales y estatales, además de 1 mil 446 millones de ingresos fiscales propios.
Reveló que el gobierno de la ciudad cerró el año con alrededor de 200 millones de pesos más de lo proyectado por la confianza ciudadana, al presupuesto formulado para 2022.
Añadió que esto fue posible por la eficiencia recaudatoria, que se ha logrado la gestión por los incentivos y la ayuda social que otorgaron a quienes se regularizaron en sus contribuciones.
Acentuó que al mes de noviembre, el gobierno de la ciudad ha sumado 137 millones de pesos en ayudas que por ningún motivo significan dinero en efectivo que se haya entregado, sino que representan los descuentos que ha realizado por pago de predial, reducciones, condonaciones, extensiones y reconocimiento de la prescripción de cobros.
"Se presentan de esa manera como un concepto básico de orden y por un franco ejercicio de la rendición de cuentas a lo que estamos comprometidos”.
Aplaudió que por la eficiencia recaudatoria se ha logrado entregar mayores recursos a la inversión en infraestructura, a la adquisición de nuevos vehículos para seguridad ciudadana, a becas para los cadetes de la Academia de Policía y a garantizar el derecho de los poblanos a conocer las acciones emprendidas, planes y proyectos de la autoridad municipal.
Multas a dueños de salones sociales y a jardines de fiestas
Los regidores también avalaron que las multas económicas para evitar la venta de alcohol a menores de edad van de los 9 mil 622 a los 38 mil 448 pesos, además de clausuras momentáneas y definitivas.
Dicha determinación fue agregada a las reformas al Coremun para impedir actividades clandestinas dentro de salones sociales privados del municipio.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Fernando Sarur Hernández, desarrolló la realizó la presentación y argumentación que encaminó a los regidores a implementar medidas estrictas.
Indicó que se establecerá cómo obligatoria la documentación de Protección Civil, prohibición de los organizadores el ingreso a menores de edad a los que se les facilite el consumo de bebidas embriagantes a través de cobros.
"Únicamente importa proteger a nuestros jóvenes del consumo de alcohol en estos lugares, cuidar su salud, integridad física y su seguridad".
Advirtió que esta medida, obligará a los organizadores a exigir la presentación de identificación oficial del INE o cartilla militar para comprobar la mayoría de edad e implementar medidas de seguridad.
"Este nuevo marco regulatorio permitirá desarrollar actividades públicas arropadas por el orden y la legalidad, no en la clandestinidad y violando el reglamento de operación".
El Cabildo reguló la operación de esos establecimientos para mantener la integridad de los menores de edad, asegurar el orden, generar certidumbre jurídica, evitar la competencia desleal y ofrecer la posibilidad de desarrollarse en un marco de legalidad.
