"Así como lanzó esta medida de apoyo a la educación privada que exima del pago de servicios a la educación pública para que se logre la educación de calidad."
Por lo que reiteraron que las cuotas que los padres de familia aportan a las asociaciones de cada escuela se destinan tanto para el pago de servicios como para el mantenimiento, construcción de instalaciones y en algunas ocasiones hasta para salarios de docentes, que deberían ser afrontados por el gobierno.
Por tanto, pugnaron por que se atiendan a las clases más desprotegidas a través de una iniciativa en la cual se establezcan los límites de las aportaciones voluntarias que otorgan los padres de familia a las escuelas y en cambio se aumenten las aportaciones hacia los fines de las asociaciones.
En cuanto el actual decreto, enfatizaron que sólo beneficia a un sector de la sociedad que cuenta con los recursos necesarios para afrontar el gasto de una colegiatura.
Asimismo, reiteraron que dicha medida sólo acentúa la inequidad entre los grupos sociales y por lo tanto se marcará una diferencia entre la educación pública y privada, "están propiciando un distanciamiento cada vez más severo entre ricos y pobres que podría tornarse en un estallido social".
Aseveraron que su exigencia tiene fundamentos en el artículo 3 de la Constitución, que establece que la educación es gratuita y por tanto subrayaron que el gobierno debe de sentar las condiciones idóneas tanto para que los estudiantes tengan educación de calidad como servicios pertinentes para desarrollarse dentro de la institución.