La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (Fenapaf), Aurora González de Rosas, aseguró que a pesar de la obligatoriedad que hoy en día representa el nivel preescolar en el país, las autoridades de educación se niegan a mejorar las condiciones de muchos menores de edad que cursan ese nivel.

Así lo expresó al afirmar que 40 de cada cien niños y niñas en posibilidades de ese grado de estudio, no tienen posibilidades de ingresar en las aulas por falta del servicio en sus comunidades o de los recursos necesarios de parte de los padres de familia.

Además, la presidenta nacional de esa asociación civil sostuvo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le negó el permiso de funcionamiento a muchas guarderías populares que en años anteriores gozaban del aval gubernamental, generando que cerca de 6 mil alumnos del nivel preescolar se quedarán sin los certificados correspondientes.

“Seis organizaciones poblanas tuvimos la autorización para funcionar formalmente desde la época de Amado Camarillo como titular de la SEP y así brindar atención escolar en zonas rurales y marginadas”.
González de Rosas agregó que desde aquel momento, las Guarderías Populares con Preescolares Comunitarios (Grupeco) tuvieron el compromiso de las autoridades para dar a los menores de edad la certificación del nivel; porque además, comentó que los menores de edad que forman en esas instituciones, contaban con las destrezas y los conocimientos necesarios para ingresar a la primaria.

Sin embargo, apuntó que en la presente administración la SEP ya no les entregó los certificados porque no ratificó convenios con ellos y, lo peor del caso, es que encuentra que hay varios grupos de Puebla que les quieren dar cuartelazo y buscan adueñarse de la agrupación; pero defendió que el esquema resulta necesario para muchos padres de familia que no encontraron escuelas oficiales con lugares disponibles para inscribir a sus hijos.

González de Rosas agregó que las escuelas que se conglomeran en la Grupeco son asediadas por diversos grupos de personas que buscan hacer negocio con la educación y por esa razón promovieron ante la SEP denuncias infundadas en contra de quienes actualmente dirigen esos centros preescolares.