El vocero de esa organización de maestros, Miguel Guerra Castillo, aseguró que acudirán ante el Tribunal Laboral Federal para imponer la demanda que afecta el desarrollo de los docentes del país y que representa un instrumento de las autoridades nacionales y sindicales, para privatizar el sistema educativo mexicano.
Anunció que la denuncia será presentada el próximo 18 de noviembre, ya que suman más de 50 mil maestros inconformes con la medida impuesta por el gobierno federal y respaldada por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, pero señaló que se sumarán miles de docentes a la demanda porque la inconformidad es creciente.
Por su parte, el representante legal de los maestros disidentes, César de León Guardiana dijo que rechazan la evaluación universal porque la capacitación es un derecho que tienen todos los trabajadores y debe estar ajena a la certificación de competencias laborales y del despido.
El integrante de la Unión de Juristas de México agregó que la exigencia que llevarán ante el Tribunal Laboral Federal es por suspensión temporal y definitiva de la evaluación y la certificación por competencias.