Ante eso, aseguró que —desde su perspectiva— la propuesta de ley es una contrarreforma para los bienes del país, que desde su creación es impulsada por los grandes consorcios internacionales del sector energético, quienes ejercen presiones sobre las autoridades federales y sobre el resto del mundo para alcanzar el control de los recursos naturales en las regiones que tienen esa fortaleza.
Ante eso, el funcionario de la máxima casa de estudios de Puebla reveló que en el ámbito nacional muy pocos corporativos tienen la capacidad de competir con la tecnología y el capital de esas transnacionales, por lo que la reforma excluye de la explotación, extracción, procesamiento y transporte de los energéticos a las empresas nacionales e instituciones como la Universidad Autónoma de Puebla, que hoy en día tiene contratos y asesorías con Pemex.
La política energética que está en discusión en el Congreso de la Unión, aseguró Cid Monjaraz, implicará una muerte lenta para universidades, contratistas nacionales y para PEMEX. “Una muerte lenta sin ningún apoyo ni recurso para la paraestatal, ello implicaría que Pemex no buscaría contratar a empresas nacionales y universidades que, como el Centro Universitario de Vinculación, perderían sus contratos al no buscar más la participación de instancias mexicanas, para favorecer a las grandes transnacionales del sector”.
Es por eso, que desde su perspectiva, la UAP perdería entre 50 y 60 millones de pesos si pasa la Reforma Energética, como la propuso la Presidencia de la República, “aunque esperamos que no será drástico, pero gradualmente se irán perdiendo estos recursos”, por eso exhortó al Congreso de la Unión a que se haga una reflexión que se centré en el bien de la nación y en la formación de sus recursos humanos y tecnológicos.
Es por eso que —desde su perspectiva— resulta viable la propuesta de reforma que presentó la izquierda, a través de Cuauhtémoc Cárdenas, que propone dejar intactos los artículos constitucionales 27 y 28 y solamente reformar reglamentos internos de la paraestatal para quitarle carga fiscal con que se financia el gasto corriente del gobierno federal, “para que estos recursos sean invertidos en investigación, exploración, extracción y refinamiento del petróleo que posee el territorio mexicano”, concluyó el coordinador de Transferencia Tecnológica de la universidad estatal poblana.