Ante la creciente inconformidad social que generan las iniciativas de reformas propuestas por la Presidencia de la República, el presidente del consejo de directores de la Escuela Libre de Derecho (ELD), Gerardo Tejeda Foncerrada, aseguró que las autoridades gubernamentales tienen la obligación de impulsar impuestos que protejan a las clases más débiles, “porque México es un país de mucha pobreza y hay que aportar todos para que los más pobres no paguen impuestos y reciban los beneficios del pago de los impuestos de los demás”.
Desde la perspectiva del funcionario educativo del estado de Puebla, antes de aprobar las reformas debe llevarse a cabo un estudio serio de qué y sobre qué se tienen que aplicar los gravámenes y los impuestos, “porque a mí se me hace una completa locura de agregar el Impuesto al Valor Agregado a las colegiaturas, porque los padres que tienen tres y hasta cuatro hijos se les incrementa el gasto 16 por ciento inmediato”.
Pero, sobre ese particular, dijo que en su opinión esa parte de la Reforma Fiscal no va a proceder porque el impacto hacia las familias sería gravísimo, sobre todo si se considera que en el país prevalece una situación económica complicada, sobre todo para las familias de menores ingresos en los estados. “Sería una cuestión terrible para los padres de familia, se me hace algo muy grave, pero sí estoy de acuerdo en algunas partes de la reforma, que pague más quien gene más, eso es algo que se ha aplicado en muchos países y ha dado resultados eficientes”.
Para Tejeda Foncerrada, la captación fiscal debe ser provechosa siempre que se vigile una cuestión importante: que haya seguimiento a las empresas, “porque yo quisiera ver el resultado de auditorías de empresas grandes, para que paguen un volumen altísimo de impuestos tiene que haber el seguimiento y el reporte de las autoridades de que realmente cumplan sus obligaciones y capten los recursos de las empresas”, porque —desde su perspectiva— el reclamo social es que hay muchos privilegios para las empresas y que la ley es clara pero no la aplican.
En ese contexto, se refirió a grandes corporativos que funcionan en el país, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la planta armadora Volkswagen, que generan muchas dudas en cuanto a sus contribuciones fiscales, sin embargo, dijo que sobre el tema no quiere particularizar, “pero el sentir es que la aplicación de la ley debe ser general, uniforme y sin privilegios, de nada nos va a servir una reforma perfecta si no se aplica de manera equitativa”.
Por su parte, el director de licenciaturas de la institución, Roberto Mendoza Zárate, afirmó que les preocupa que no haya una política firme para hacer tributar al comercio informal y, en ese contexto, aseguró que si el Congreso de la Unión aprueba el IVA en colegiaturas, las instituciones de educación superior particulares alcanzarán una deserción escolar hasta de 20 por ciento; “quienes no puedan seguir pueden ir al comercio informal y otros oficios, pero también el crimen tendría una buena fuente de acercar a los jóvenes que desertan”.
Roberto Mendoza Zárate afirmó que la educación no se grava en ninguna parte del mundo y contrario a eso, se asignan presupuestos crecientes, por eso aseguró que para echarla atrás hay varios medios de defensa, porque de entrada la reforma es contraria al artículo 3 constitucional, incluso dijo que se pueden presentar amparos. “Hay otros medios como las controversias constitucionales”.
