El directivo del nivel superior reveló que las cifras de las autoridades federales indican que solamente asisten a las universidades uno de cada cuatro jóvenes en edad de realizar estudios profesionales, es decir, 25 por ciento, aunque en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa se “inflaron” las cifras y los indicadores no respondían a la realidad.
Lo cierto, aseguró Santïn Nieto, es que seis de cada 10 jóvenes que deben estar en educación media superior se encuentran en rezago educativo porque no llegan a cursar esos estudios, porque no terminan la secundaria, porque no transitan adecuadamente o porque abandonan sus estudios en el nivel medio superior avanzado por diferentes causas y motivos.
Aunque existe un problema económico y social, para el presidente de la AUIEMSS el problema de fondo es estructural y tiene que ver con el desarrollo de las políticas públicas y su aplicación por parte del gobierno.
“El hecho de que la Secretaría de Educación Pública federal plantee que para 2018 dará oportunidad de estudios a 80 por ciento de alumnos del nivel superior implica una mejora de 25 puntos porcentuales en términos de apertura de la oferta educativa”, por lo que las perspectivas son muy altas.
Lograr que ocho de cada 10 jóvenes estudien el nivel superior, apuntó Santín Nieto, requiere del concurso de la mayoría de los actores públicos y privados, pero además implica la responsabilidad de mejorar en términos de la calidad.
“Brindar estudios de preparatoria que no garantizan que los jóvenes acrediten su examen de admisión son medidas que deben de ser revisadas”.
Realidad de Puebla
Al año 2013, 84 por ciento de las Instituciones de Educación Superior (IES) con Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE) federal enfrentaba bajos niveles de formación docente, de planes de estudios y de instalaciones educativas para los jóvenes. Pero además, solamente 5 por ciento se presentaba con indicadores positivos en transparencia y evaluación de calidad realizados por la SEP federal.
Cabe mencionar que entre los aspectos revisados por esa dependencia del gobierno mexicano destacan profesores, matrícula, costos, asistencia financiera, bibliotecas, servicios digitales, prácticas, futuro laboral, además de la calidad de las instalaciones. De las evaluadas, 28 universidades presentaban problemas en sus programas educativos y trabajaban con instalaciones no adecuadas.