El programa de Migración del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana Puebla, en conjunto con el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde), presentaron el diagnóstico “Hacia un Sistema de Rendición de Cuentas en Pro de los Derechos de las Personas Migrantes en México”, cuyos objetivos son analizar los procedimientos de gestión y revisar los mecanismos de control que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración en la detención y atención de migrantes en el país.

En su intervención, Irazú Gómez Vargas, responsable del programa de Migración de la Ibero Puebla, destacó que este evento forma parte de la Campaña Mundial de la Hospitalidad que están llevando a cabo las Universidades Jesuitas de todo el mundo, pues el tema de la migración presenta cada día nuevos retos para las organizaciones civiles. “La violencia no la traen los migrantes, la violencia es un problema estructural del país”, afirmó.

Por su parte, Sonja Wolf comentó que dicho diagnóstico se conforma de dos partes, una que analiza la gestión del Instituto Nacional de Migración y otra que revisa los mecanismos de control migratorio que lleva esta institución. Asimismo, subrayó que para llevar a cabo esta investigación se solicitaron 264 solicitudes de información, se levantaron 180 entrevistas y se realizaron visitas permanentes a las diferentes estaciones migratorias del país.

De igual manera, Sonja Wolf señaló que algunos de los resultados obtenidos demuestran que el INM no cuenta con servicio civil de carrera, ni mucho menos con criterios claros en sus convocatorias generando con ello que se recluten a familiares y amigos. 

También informó que no se cuenta con una definición de puestos ni con los “filtros” necesarios, ni con un programa de capacitación formal para llevar a cabo una buena selección de personal. 

“En el INM un chofer se puede desempeñarse como agente migratorio, cuando éste así lo decida aunque no tenga las herramientas para hacerlo”.

En lo referente a los operativos de control, los resultados señalaron que no existen protocolos para el uso de la fuerza, y su único argumento se fundamenta en que ellos no portan armas. Sin embargo, el uso de la fuerza no necesariamente implica la utilización de armas para someter a los migrantes en tránsito. “En 10 años, de 5 mil 170 denuncias realizadas sólo se han llevado a cabo 29 inhabilitaciones y mil 837 agentes”, confirmó.

Algunas de las conclusiones que presentó Wolf señalaron la importancia de realizar cambios de gestión estructural en la organización y no solo depuraciones, también recalcó la necesidad de mejorar la transparencia del organismo y, por ultimo, insistió en la necesidad de generar mejores políticas públicas para evitar que las personas emigren. 

En su relatoría, Arturo Villaseñor —de la organización Iniciativa Ciudadana—comentó que este diagnóstico solo confirma la poca claridad que tienen las políticas públicas en México, pues aunque el tema de los migrantes no se trata de un tema de seguridad nacional, el INM trata a éstos como si fueran un peligro para la nación. 

“Es fundamental que las autoridades municipales y estatales desarrollen protocolos para el trato de los migrantes, ya que su excusa es señalar que los operativos son un tema de carácter federal, sin embargo intervienen en éstos”, concluyó.

Tome nota
Las recomendaciones que presenta este estudio son las siguientes: dejar de ver a los migrantes como un tema de seguridad nacional, el INM debe fortalecer sus procesos administrativos y conformar una instancia de vigilancia ciudadana.