El problema del bullying envolvió a los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso, quienes advirtieron que éste no se resolverá por decreto y acordaron convocar a la SEP, Secretaría de Salud, padres de familia, universidades y sus especialistas, organizaciones civiles y magisterio, a discutir en mesas de trabajo, a fin de hacer las reformas necesarias al marco normativo existente y fortalecer así las acciones que se emprendan en Puebla para prevenir y combatir este fenómeno social que amenaza con convertirse en un problema de salud pública.
A puertas abiertas sesionaron los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del estado y anunciaron que tendrán que “cerrarse filas” para armonizar el marco legal, además de que escucharán a los especialistas, padres de familia, maestros y organizaciones de la sociedad civil para que, de ser necesario, se reformen leyes.
Al sesionar la comisión que preside Cirilo Salas Hernández, se aprobó la propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano Ignacio Alvízar Linares, para que se aborde de una manera técnica el problema del bullying, e indicó que estudios realizados señalan que el 44 por ciento de los estudiantes reconoce haber sido víctima de la violencia.
El objetivo, explicó el legislador, es escuchar a todos los sectores involucrados y evaluar la conveniencia o necesidad de actualizar, reformar o armonizar el marco legal vigente.
Al aprobar el acuerdo, los diputados apuntaron que como legisladores y como representantes populares, se tiene la responsabilidad de difundir las conclusiones de dichas mesas de trabajo y difundir los alcances de las reformas que, en su momento, puedan ser aprobadas.
“Debemos escuchar a los especialistas del tema, a los directamente involucrados, a fin de que el Congreso del estado no tome decisiones unilaterales, sino que escuchemos todas las voces en reuniones de trabajo”, destacó Alvízar Linares.
Diputados locales llevarán a cabo mesas de trabajo para conocer el origen del fenómeno del bullying en las escuelas, a fin de poder elaborar el marco legal correcto para erradicarlo, pues consideraron que el expulsar a los agresores no resolverá el problema.
En el mismo tenor, el diputado de Movimiento Ciudadano Ignacio Alvízar Linares subrayó que el asunto del bullying no es algo que por decreto pueda resolverse, como tampoco expulsando o sancionando a los alumnos que agreden a otros compañeros.
Abundó en que este problema debe combatirse desde diferentes ópticas, por lo que propuso que debe haber mesas de trabajo con especialistas y que la autoridad no siga tomando decisiones unilaterales.
El legislador coincidió en que una vez que se escuche a los especialistas, padres de familia y actores sociales, a fin de buscar soluciones que abone a la solución, pero que no se expulse a los agresores de las aulas.
"A nivel nacional se están haciendo esfuerzos legislativos que permearán en Puebla, para ello tendremos que estar preparados y saber las condiciones y los orígenes de la violencia en los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria", sentenció.
Fortalecer la salud
En entrevista por separado, al término de la sesión de la Comisión de Educación en el Congreso del estado, el presidente del órgano colegiado, Cirilo Salas Hernández, sentenció que se invitará a los especialistas a mesas de trabajo para buscar los mecanismos que fortalecerán la salud en las instituciones educativas.
Asimismo, dijo que otras dos acciones serán trabajar en la orientación de los padres de familia y abonar a la buena convivencia en los centros educativos.
Salas Hernández resaltó que se esperará a que los diputados federales y senadores concluyan las leyes para combatir el bullying, que están siendo elaboradas a fin de que en Puebla se pueda armonizar el marco jurídico.
Existe una ley
En el 2013, en la anterior Legislatura, a propuesta del exdiputado del PAN Mario Riestra Piña, se reformó la Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado, en la que se sanciona hasta con la expulsión parcial o definitiva a los alumnos promotores del bullying.
Además, esta ley considera que los docentes se regirán por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de obligarlos a detener cualquier agresión entre el alumno y de no hacerlo se hará acreedor a sanciones por omisión.
Abiertos a la discusión
El coordinador de los diputados por Acción Nacional, Jorge Aguilar Chedraui, señaló que habrá una apertura a la discusión y a escuchar a los especialistas, ya que hay que rechazar la violencia.
Expresó que un sólo documento no basta para frenar el problema y tiene que ser una acción multidiciplinaria.
La diputada priista Silvia Tanús recordó que en el Senado de la República habrá una revisión a la ley.
