La Universidad Cuauhtémoc llegó a un acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que realizó una ampliación de embargo para reanudar las clases a partir del miércoles 4 de septiembre y seguir pagando el crédito fiscal que adeuda por parte de la anterior administración, que salió en el 2014.
El departamento legal consiguió un acuerdo con el SAT, por lo que el día de miércoles los alumnos podrán integrarse a sus actividades escolares y las obligaciones pendientes se irán solventando.
Las autoridades de la universidad comunicaron a su comunidad estudiantil que hoy se llevarían a cabo auditorías, por lo que las clases se suspendieron hasta nuevo aviso.
Las primeras versiones del caso señalan que el SAT realizó un primer embargo a la Universidad Cuauhtémoc por un adeudo desde 2014 del anterior dueño, Francisco Martínez Briones, por lo que la actual administración no tenía conocimiento del asunto.
Hasta el momento, se desconoce el monto que adeuda la universidad al SAT; no obstante, las instituciones han llegado a un acuerdo favorable para ambas partes, que evitará afectar a la comunidad estudiantil.
Los hechos se registraron a las 7:30 de la mañana, cuando llegó el personal y comenzó a hacer un recorrido por el edificio, ubicado en la Calle Oriental número 38 de la colonia La Paz, para revisar qué bienes podrían ser embargados para cubrir un crédito fiscal que tiene la institución con la Secretaría de Hacienda.
Sin obstaculizar el trabajo del personal hacendario, representantes de la casa de estudios, encabezados por Jesús Perea, permitieron el acceso, reconociendo que tienen el adeudo y aclarando que también tienen la disposición de pagar.
Sin embargo, al momento de presentar la documentación probatoria de que gran parte del equipo es prestado una vez que en el mes de abril sufrieron el primer embargo, quien encabezaba el procedimiento legal ignoró los documentos.
De acuerdo con las imágenes tomadas por Intolerancia, el personal del SAT se negó en repetidas ocasiones a responder las preguntas de los abogados.
En el procedimiento también se acudió a otro edificio donde se pretendían embargar las unidades de odontología que son propiedad de un particular, el argumento es que era un contrato simple, pese a que contaba con los requerimientos que establecen las leyes fiscales, según señalaron los abogados de la institución.
Dispuestos a pagar
El representante Jesús Orea señaló que solicitarían un amparo de la justicia federal por haberse violado diferentes principios legales durante el procedimiento, entre ellos el de darles la oportunidad de una defensa y presentar la documentación correspondiente.
Dijo que tras el embargo del mes de abril se obtuvo apoyo de particulares para que la institución, con décadas de servir a Puebla y formar profesionistas reconocidos a nivel local, nacional e internacional, siguiera trabajando.
Entre el apoyo que se dio fue el prestarles unidades para el área de odontología a fin de que los alumnos puedan realizar sus prácticas, por lo tanto dichos bienes eran inembargables.
Comentó que el edificio ubicado en la Calle Oriental 38 de la Colonia La Paz, no está a nombre de la institución, sin embargo, se colocó el sello, lo cual es una falta de los funcionarios del SAT.