La entrada de autos chocolate al país, procedente de Estados Unidos, le pegará en un 30 por ciento al sector automotriz, dijo el analista jurídico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano.

"La industria automotriz sentirá un verdadero agravio y sus ventas van a bajar, porque los costos de estos vehículos son mucho más económicos".

El especialista jurídico no descartó que, la industria automotriz se opondrá a esta medida, e incluso, pronosticó que puede hacer uso de medios de garantía constitucional, como es el amparo, para revertir este decreto.

"La economía tendrá un deterioro por esta casusa, al inhibir la compra de vehículos de estancia legal, porque la medida, tiene un fin recaudatorio pata el Estado".

Santos Lozano destacó que es necesario aplicar medidas recomendadas, “es importante que se controle el ingreso de estos vehículos para frenar la incidencia delictiva”.

El litigante recordó que el objetivo del gobierno federal es regularizar y tener un control de todos estos vehículos que ingresan al país de forma ilegal, de los cuales, el 95 por ciento provienen de Estados Unidos.

El ingreso y regularización de los autos “chocolate”, dijo Santos Lozano, es una decisión del poder ejecutivo federal de dar o proporcionar permisos y dejar pasar este tipo de vehículos, “que son más baratos y que las personas de escasos recursos, tengan acceso a ellos”.

El decreto se expidió por la Presidencia de la República, en el que se ordene la legalización de los autos provenientes del extranjero, que están de manera irregular en el país.

Además, trata de regularlos para evitar que se cometan delito con este tipo de vehículos, porque no tienen registro ni antecedentes y por eso es muy difícil su rastreo, “porque no se conoce la proveniencia ni los dueños, no hay una cadena de propietarios que se puedan identificar”.

De acuerdo a datos estadísticos, hay alrededor de 3 millones de “autos chocolate” en el país y por eso, el problema incide en la industria automotriz, aunque el programa empieza en los Estados fronterizos, aunque se va a extender a todo el país.

Insistió en que, la medida tiene un contexto recaudatorio, porque se conoce que se cobrará 2 mil 500 pesos por cada “vehículo chocolate”, que se legalice.

Además, dijo, “puede haber daños ecológicos, porque tienen alto nivel de contaminantes y daños mecánicos que guardan, porque muchos son autos que sufrieron alguna falla mecánica, que son reparados a la ligera y que tienen altos niveles de contaminantes”.

Además, aclaró que, las medidas ecológicas no son las mismas en México y Estados Unidos, pero en su compra, también inciden en la seguridad del conductor, ya que este tipo de vehículo, tiene muy bajo o nulo nivel de protección para los ocupantes.