En la mayoría de los juzgados indígenas no existe traductor, las autoridades no dominan los dialectos de los lugares donde se encuentran y con esta situación se comenten un sinfín de injusticias.
El académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano, aseguró, “en la justicia indígena, hay una terrible injusticia para todas las personas de origen étnico”.
Dijo que en los lugares más apartados, los juzgados municipales y los juzgados del fuero común no tienen traductores y ahí se les viola completamente el derecho que tienen a la justicia.
Además, los representantes de la justicia, no pueden entender el idioma mediante el cual se les juzga, ni se pueden defender al respecto, además, es difícil entenderlos, por lo que, la justicia no se aplica de manera adecuada.
“El artículo segundo constitucional, es un artículo de ornato, porque parece letra muerta y todo lo que está instituido ahí para la protección de los derechos indígenas, en la práctica no se lleva a cabo”.
Cabe mencionar que, el artículo 2 resalta el carácter pluricultural, el reconocimiento de la existencia y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de este sector de la población en la toma de decisiones
Dijo, “los tribunales indígenas carecen de una estructura adecuada, atendiendo a los usos y costumbres de las comunidades, el acceso a la justicia es limitado por la falta de dominio del lenguaje”.
“Esto ocurre cotidianamente, hay un sinfín de injusticias, porque hay mucha gente que se encuentra detenida sin que haya tenido una defensa adecuada que se basa en los traductores, que son el mecanismo para que las personas que son detenidas encuentren un acceso efectivo a la justicia”.
Santos Lozano, aseguró que, "si partimos de que el sistema penal acusatorio adversarial es eminentemente oral, se convierte en todo un caso, me atrevo a decir que la mayoría de los indígenas detenidos, lo están por no poder comunicarse debidamente”.
Por principio de cuentas, dijo, se debe buscar que los jueces, secretarios y personal judicial dominen el idioma o dialecto, que cada juzgado tenga una lista de traductores certificados por el propio Tribunal y la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Además, dijo que, se requiere la intervención en todos estos casos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de la Comisión de atención a víctimas del Estado, “con este cuadro se podría hacer funcionar a estos Tribunales de Justicia Indígena”.
"Lo que hace falta para garantizar total apego a derecho en la aplicación de la justicia a comunidades indígenas, es un trato digno, equitativo y sin discriminación para las poblaciones indígenas".
“Me ha pedido gente que habla náhuatl, apoyo para que puedan acceder a la justicia, a los juzgados municipales, los juzgados de primera instancia, para que los procedimientos puedan fluir de manera adecuada”, finalizó.