"La ley privatizadora del agua de Rafael Moreno Valle en 2013, privatiza 25 sistemas operadores de agua potable y alcantarillado; junto con la modificación a la Constitución poblana y permiten al gobierno desentenderse de su obligación de garantizar el derecho humano al agua y a la vida".
Así lo mencionó el vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), Oswaldo Villegas Martínez, “ya que dichas leyes modificadas le permiten a la iniciativa privada invertir y administrar” los sistemas hídricos”.
Señaló que con la privatización del agua, las grandes empresas nacionales e internacionales tienen la gran posibilidad de disponer del agua, aunque esto signifique dejar sin ese servicio a las comunidades.
De tal manera, dijo, que con la modalidad de “transferencia de volumen” sean entregadas grandes cantidades de agua a las empresas que lo soliciten para la instalación de megaproyectos, lo que deja en segundo término proveer del vital líquido a las personas.
Ante eso, denunció que el Congreso de Puebla no ha echado abajo la Ley del Agua promulgada en 2013 impulsada por Rafael Moreno Valle.
"Lo que hace, es obligar a la empresa que no suspenda el derecho al agua y al drenaje para familias que consuman menos de 300 litros diarios, cuando la realidad es que esa cantidad es superada cuando se trata tan solo de una familia pequeña".
Oswaldo Villegas aclaró que el agua sigue siendo privatizada, a pesar de que la empresa Concesiones Integrales ha violado los derechos humanos con cobros excesivos y pésimo servicio.
En ese sentido, señaló que esa es razón suficiente para cancelarle la concesión sin indemnizarla, pero hasta el momento ninguna autoridad se atreve a dar ese paso.
"Los gobiernos municipales han sido los encargados de autorizar los permisos de cambio de uso de suelo y explosivos, a las empresas, a cambio de recursos económicos".
El activista señaló que también tienen las pruebas de que los presidentes municipales tienen especial interés en apoderarse de las administraciones de pozos de agua potable y riego, que aún están en manos de comités ciudadanos.
Villegas Martínez, dijo que, los ofrecimientos por parte de las autoridades para que los ciudadanos cedan esos derechos, van desde descuentos a la tercera edad y madres solteras, al mantener redes y el pago de la energía eléctrica.
Cabe mencionar que, aunque los títulos de concesión estén a nombre del municipio, muchos comités ciudadanos se oponen a entregar las administraciones, pues tienen una figura legal.
"Los ayuntamientos están ansiosos de tomar el control del agua en sus manos, ya que así, será más fácil concesionar, privatizar, vender o regalar el volumen de agua que no se usa en las comunidades y está autorizado en el título de concesión de cada pozo".
El vocero de la CNPA-MN, dijo que, se volumen excedente será entregado a las empresas para la puesta en marcha de los megaproyectos, ya que así lo contempla la ley de aguas del Estado y la misma Constitución local; con la figura de transferencia de volumen.
