Tras la politización del conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por parte de los diputados locales del PAN, el investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano, descartó que obtengan algún bono electoral.
El académico señaló, “los partidos políticos permean en la sociedad por la influencia que tienen en esta democracia representativa, como representantes del pueblo que pueden lograr influencia con sus declaraciones”.
El pasado martes, durante la sesión del Congreso del Estado, la diputada de Morena, Nora Merino Escamilla, dijo que la UDLAP estaba abierta y que los retaba a ir a verificarlo.
Ante eso, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez, le tomó la palabra y acudió con cuatro diputados más al campus de la ex hacienda de Catarina Mártir, para comprobar que estaba cerrado.
Ahí mismo, llegaron los estudiantes, que ese día, decidieron iniciar las movilizaciones para exigir que se abra el campus de esa casa de estudios poblana.
Ante ello, Santos Lozano, consideró que esas declaraciones, deben ser responsables y apegadas al marco legal, por eso, "más allá de eso, no lograrán ningún bono electoral ni político, al entrometerse en este tipo de asuntos de carácter particular".
Desde su punto de vista, señaló que no hay necesidad que entren al problema, al generar una opinión sobre el conflicto, “no es necesaria su intervención en el asunto, porque se trata de un mandamiento judicial".
Dijo además que, “es un procedimiento que se judicializó y que la única solución que se muestra es la vía judicial”.
Cabe recordar, que, desde el pasado 1 de febrero, los estudiantes, se manifiestan diariamente y dentro de las medidas, cierran la recta a Cholula.
El litigante destacó que la situación de los estudiantes que toman la recta a Cholula y dañan derechos de terceros, se torna preocupante, porque generan serios congestionamientos viales.
Ante eso, dijo que, “no sé si sea auspiciado por algún legislador de algún partido político o alguien más, pero de ser así, es sumamente reprobable".
Por otro lado, agregó que es una cuestión de la forma en que se politiza un asunto que es meramente particular, si bien tiene la intervención del Estado, esto obedece al auxilio de la fuerza pública solicitada por un juez que da cumplimento a una orden.
"En este caso, se trató del juez de Cholula, que ejecuta una orden de un juzgado de la Ciudad de México, pero la intervención de legisladores, ya lo aclaró el gobierno del Estado, se trata de dar tintes políticos a un asunto particular", finalizó.
