La Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), exigieron la devolución del campus por medio de los mecanismos de ley existentes.

En un comunicado, afirmaron que, lo que arrebataron ilícitamente debe ser devuelto por los canales y mecanismos que la propia ley establece y no consignando ante un juzgado local.

Si existe auténtica voluntad para devolver las instalaciones, afirman, se debe hacer a través del mecanismo que las leyes determinan y que están impedidos para modificar.

 

 

Ahí mismo, afirmaron que sobre la renuncia de Armando Ríos Piter, “sólo resta decir que es irrelevante, ya que no se puede renunciar a lo que nunca tuvo en calidad de usurpador”.

Por eso, “desde la Fundación Mary Street Jenkins y la oficina de la Rectora Cecilia Anaya Berríos hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que prevalezca la prudencia”.

Asimismo, pidieron a los estudiantes y académicos, que se evite validar actos irregulares provocados por el grupo espurio que mantiene secuestrada a la UDLAP.

Se pretende aparentar que hay voluntad para restituir lo que tomaron por la fuerza”.

Además, que “existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos dentro del Campus y se desconoce el estado en que se encuentran las instalaciones”.

Lo anterior, ante las posibles sustracciones de equipo, la falta de mantenimiento y material que deben revisarse ante un fedatario público antes de la devolución formal del recinto, que no puede ser depositado para esquivar responsabilidades y quebrantos en su patrimonio.

En el mismo documento, aseguran que “hay una suspensión definitiva de amparo sin cumplir, el juez común en Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, ha evitado la devolución del Campus, siguiendo el protocolo que determinan los tribunales federales ante la presencia de un Notario Público".