Ante la posibilidad de perder el cargo como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, puede mantenerse con un amparo, declaró el abogado investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano.
Además, reveló que el Poder Legislativo del Estado de Puebla, solo puede destituirlo por faltas graves, pero no por violencia familiar, que para la administración pública no es un tema grave.
Santos Lozano señaló que entre esas faltas graves pueden estar la corrupción, el peculado, además del desvío de fondos, todo ello contenido en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
“Un pequeño error o mínimo detalle que se le pase a la parte acusatoria puede regresar a Francisco Romero Serrano a la Auditoría Superior del Estado”.
Consideró que habrá que esperar al momento de la sentencia en que se declare culpable de la comisión del delito, del ilícito, “me parece que van en etapas previas o en audiencia inicial y con eso se han ido”.
“No es una actividad sencilla destituirlo, porque al hacerlo, se requiere de faltas graves, relacionadas con la función pública”.
Añadió que el caso del titular de la ASE, acusado por presunta violencia familiar, si bien es un tema delicado, no tiene nada que ver con la función pública.
Más allá de todo esto, dijo el litigante, si lo destituyen por esta causa, queda todo en un hilo y mediante un amparo podría recuperar su capacidad para continuar con su función.
Dijo que, el tema ya tomó una vertiente completamente distinta, porque ya hay una orden por parte de un juez, que ordena la separación del cargo del Auditor.
Ante eso, señaló, “yo considero que es completamente indebido, porque el nombramiento está supeditado a la aprobación del Congreso del Estado de Puebla”.
Santos Lozano, dijo que, su destitución por consecuencia, debe obedecer a causas graves y también tiene que hacerlo el Congreso del Estado de Puebla.
Al respecto, aseguró que si es verdad que existe esa orden del juez, el juez se está excediendo en sus funciones y podría incurrir en una irresponsabilidad.
Otra de las situaciones, dijo el académico del ICI, es que no hay sentencia ejecutoria que ya lo haya declarado culpable en la comisión de este ilícito, que, sería la única forma en que pudiera existir una falta grave, por la falta de probidad en su comportamiento.
Sin embargo, destacó que no existe en este litigio, que se ha dado mediáticamente, "porque no conocemos la carpeta de investigación, no existe una sentencia que lo haya declarado culpable".
"Esa es la única forma que podría, proceder algún tipo de medida de destitución partiendo del Congreso del Estado de Puebla, solo que fuera una falta grave".
Por otro lado, recordó que el Auditor Superior del Estado, tiene nombramiento hasta 2026, es decir, excede todavía en su función, al término del gobierno actual en el Estado de Puebla.
Ante la ausencia temporal del titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, lo conducente es el sistema de prelación y quien tendría que ocupar el cargo es Ignacio Antonio Molina González, auditor especial en seguimiento financiero.