En las medidas de apremio o cumplimiento de transparencia, que aplica el Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (ITAIPUE) a los ayuntamientos que no cumplen la totalidad de requisitos, hay impunidad en la aplicación de las medidas.
Así lo reveló, la responsable del Observatorio “Con los ojos abiertos” del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, Shanik David George.
“Es un alto grado de impunidad, que se tiene en la aplicación de las medidas de apremio que son aprobadas por el instituto”.
Ante eso, dijo que, en 2019 quedaron pendientes por solventarse 83.7 por ciento de las sanciones, en 2020 fue el 100 por ciento, y en 2021 se tenía un 91.1 por ciento, hasta el mes de septiembre.
“Esto pone en evidencia la falta de mecanismos eficaces para hacer cumplir las disposiciones legales en materia de transparencia y para la aplicación de las sanciones aprobadas”.
Lo anterior, añadió, se suma al alto grado de incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por parte de las autoridades estatales y municipales, así como la falta de aplicación de las sanciones determinadas.
Shanik David aseguró que las medidas de apremio que puede imponer el ITAIPUE por incumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia pueden consistir en una amonestación pública o en multas que oscilan de las 150 a las mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.
Es importante mencionar, que al año 2022, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es de 96.22 pesos, por lo cual, las multas dentro de las medidas de premio, van de los 14 mil 433 pesos a los 144 mil 330 pesos.
Además, cabe señalar que el pago de las multas no puede cubrirse con recursos públicos, por lo que deben ser solventadas por las personas responsables de las faltas.
Por otra parte, de enero a septiembre de 2021 se habían aprobado 315 medidas de apremio, siendo los ayuntamientos de Acatlán de Osorio y San Pedro Yeloixtlahuaca los sujetos obligados más sancionados, con ocho cada uno.
En segundo lugar, se encuentran los ayuntamientos de Coyotepec y Huauchinango, así como la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con cinco respectivamente.
El 2021, es el primer año en que una dependencia de gobierno se encuentra entre los sujetos obligados con más sanciones por incumplir con las disposiciones en materia de transparencia.
De las medidas de apremio aprobadas en el período 2021, 141 fueron por la verificación de 2020 y 47 por la revisión de los portales de transparencia realizada en 2021.
Otras 58 fueron por incumplimiento de los recursos de revisión, 38 por falta de informes justificados, 30 por denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, y se impuso una más al ayuntamiento de Acatlán por no haber nombrado a la persona titular de la Unidad de Transparencia.
Además, cabe señalar que, del total de medidas de apremio, 75 fueron amonestaciones públicas, y ninguna ha sido solventada; otras 240 fueron multas, de las que sólo 28 de han pagado, quedando pendientes por cobrar dos millones 779 mil 314 pesos.
De lo anterior, destaca, en primer lugar, el aumento en el incumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión, lo que, significa una doble negativa para responder solicitudes de información hechas por las personas.