El Gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, reprueba en la mayoría de los rubros contemplados en el último reporte sobre derechos humanos elaborado por la asociación civil Signos Vitales.
Enrique Cárdenas Sánchez, líder del proyecto, destacó los abusos de poder, violaciones a la privacidad, instituciones autónomas en el limbo y daños ambientales irreparables.
Dijo, el gobierno actual ha emprendido un ataque sistemático contra estos órganos, a través del nombramiento de líderes ad hoc, el recorte de presupuestos o el cambio en las normativas, por eso, las instituciones encargadas de salvaguardar las garantías individuales se han visto vulneradas en su estructura y operatividad.
En la Ibero Puebla, reveló, “México vive una ola de inseguridad sin precedentes y el INEGI reporta que 2018, 2019 y 2020 han sido los años con más homicidios dolosos en la historia del país, con un promedio de más de 36 mil casos anuales".
Además, de manera paralela, los feminicidios han experimentado un repunte preocupante: de 426 casos en 2015 se escaló hasta 977 en 2020.
Cárdenas Sánchez, aseguró, “otro lastre del derecho en México es la prisión preventiva, medida cautelar que priva a una persona de su libertad hasta que se demuestre que es inocente".
Sin embargo, en México, cuatro de cada diez personas detenidas son llevadas a prisión.
En 2020, el 85 por ciento de los nuevos ingresos a la cárcel fueron por crímenes que, de acuerdo con la legislación, ameritan prisión preventiva, mismos que pueden ir desde delitos electorales hasta violencia sexual y desapariciones.
En relación a los derechos humanos de corte ambiental, se documentó que el 70 por ciento de las regiones hidrológicas del país sufren estrés hídrico, 10 millones de personas en México no tienen acceso al agua, y 14 estados de la república tienen dificultades para acceder a ella.
En el ranking del uso eficiente del agua, México se encuentra en el número 92 del mundo.