Es urgente y necesario que la Fiscalía General del Estado (FGE) emita una postura sobre lo que ocurre en el municipio de Puebla y la trata de personas, aseguró el académico de la Ibero Puebla, Alberto Curiel Tejeda.

El coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, dijo que, la propuesta de reordenar a las sexoservidoras banaliza e invisibiliza una de las mayores problemáticas que padecen las mujeres a nivel mundial, la referente al delito de trata de personas.

Más allá de pensar en un reordenamiento de las trabajadoras sexuales que se encuentran en el Centro Histórico de la capital poblana, el ayuntamiento capitalino y la Fiscalía General del Estado (FGE) deben de investigar los casos de trata de personas que existen en la ciudad.

Lo que considero es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de esquemas, porque la realidad de las cosas es que las trabajadoras sexuales, como se les denomina, pueden estar siendo víctimas de trata de personas", apuntó.

Señaló que, desde el trienio municipal pasado, no ha existido un buen tratamiento sobre el asunto, porque no se han investigado los principales beneficiarios del sexoservicio.

"Más bien se debería de investigar quién está detrás de este tipo de situaciones, donde las mujeres en realidad son víctimas de tratantes, es una situación muy compleja, muy delicada y que yo veo que el presidente municipal lo está tomando como si fuera algo más sencillo de lo que realmente es", declaró.

Pidió a la Fiscalía de Puebla pronunciarse sobre la propuesta hecha en meses pasados por regidores y funcionarios municipales, acerca de habilitar por lo menos 16 casonas del primer cuadro de la ciudad para el ejercicio del sexoservicio.

"Por supuesto (que debe de emitir una postura), realmente debe haber una investigación de qué está pasando, porque en el gobienro municipal pasado aparentemente se invisibilizó un problema que no es exclusivo en la ciudad, sino es un problema internacional, el de la trata de personas", sostuvo.

En cuanto a las mujeres que por voluntad propia se dedican al trabajo sexual, dijo que deben implementarse políticas públicas que las dignfiquen laboralmente.

"Ahí por ejemplo, deben de intervenir los organismos de mujeres. Ahí hay que hacer un trabajo importante para dignificar a la mujer", expresó.

El especialista en Derechos Humanos también mencionó que las autoridades deben percatarse de los pendientes en salud pública que no se han revisado en lo referente al trabajo sexual voluntario.

Por tanto, indicó que el Estado, los institutos centrados en los derechos de las mujeres  y el Ayuntamiento, deben de trabajar conjuntamente.

Fue a mediados de febrero pasado cuando el titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (SEGOM), Jorge Arturo Cruz Lepe, reveló que serían al menos 16 inmuebles del Centro Histórico los que se habilitarían para regular a las trabajadoras sexuales de la zona. Sin embargo, recientemente el funcionario se retractó de ello.

Del mismo modo, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aclaró que su administración no busca legalizar el sexoservicio, precisando que la ley no autoriza la creación de zonas de tolerancia.

Pese a lo anterior, el regidor presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo de Puebla, Miguel Ángel Mantilla Martínez, se pronunció por no rehuir al tema.

Así, pidió que las trabajadoras sexuales cuenten con la seguridad social oportuna y dijo que lo más importante es combatir la trata de personas, además de dejar que quienes decidan sobre sus cuerpos, se beneficien de ello.