La organización independiente de derechos humanos, Artículo 19, reveló que, en 2021, Puebla ocupó el tercer lugar nacional con más agresiones documentadas en contra de periodistas por lo que el académico de la Ibero Puebla, Cuauhtémoc Cruz Isidro, lamentó la estadística en cuestión.
De 46 ataques a comunicadores poblanos, 27 de ellos están relacionados con la defensa del territorio y otros derechos humanos.
En entrevista, el integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) calificó como “preocupante” que el estado se mantenga en las primeras posiciones de más ataques contra comunicadores, pese a haber bajado un peldaño en comparación con el 2020.
“Vemos con preocupación que Puebla se siga ubicando entre los primeros lugares, a nivel nacional, con más agresiones. Hay que recordar que el año antepasado se colocó en segundo lugar”.
Con base en lo reportado por Artículo 19, el académico subrayó que, de las 46 agresiones documentadas contra periodistas poblanos, 27 de ellas están vinculadas con temas de derechos humanos, defensa del territorio y la protesta social.
Explicó que el fenómeno no sólo afecta a los comunicadores de manera individual, sino también tiene una repercusión social más amplia. “Si bien no tenemos una violencia como en algunos estados, vinculada o relacionada con el crimen organizado, acá lo que tenemos es la difusión de los megaproyectos y este tipo de obras”.
Recordó el caso de la embotelladora Bonafont, en el municipio de Juan C. Bonilla, que causó la estigmatización de reporteros comunitarios y pobladores de la zona.
Descartó un subregistro en la información vertida por Artículo 19, porque el trabajo tiene buenos procesos de investigación. “Sí hay a nivel nacional una disminución de ataques contra periodistas, pero se sigue manteniendo esta escalada”.
En cuanto a las acciones más urgentes a implementar para frenar los ataques contra comunicadores locales, dijo que el Estado y las autoridades municipales deben garantizar la libertad de expresión.
“En el caso poblano, el principal agresor tiene que ver con autoridades estatales y municipales, que es algo que se vincula o es similar al caso nacional, así que, de entrada, la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales es garantizar la libertad de expresión”.
El académico de la Ibero Puebla hizo un llamado a evitar la estigmatización contra el gremio informativo, la cual, explicó, es producto de los comentarios vertidos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Sostuvo que, en materia legislativa, está pendiente la regulación de la publicidad oficial, destacando que el uso de los recursos públicos se sigue ocupando para premiar o castigar líneas editoriales.
Añadió que lo anterior, provoca que algunos medios críticos deban alinearse a la información vertida por el gobierno.
Es oportuno agregar que, junto a Yucatán y Quintana Roo, Puebla es de los estados con más agresiones documentadas hacia el periodismo indígena, según lo referido por Artículo 19.