El seguro de vida propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser para todo el gremio periodístico, dijo Cuauhtémoc Cruz Isidoro, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, quien refirió que hace falta una ley general de publicidad oficial que regule no solamente el ámbito federal, sino todo el marco nacional.

Luego que el presidente de México propuso que el 25 por ciento de los recursos destinados para la publicidad oficial se utilice en beneficio de los comunicadores independientes, para que tengan seguro de vida y pensión, analistas locales consideraron que dicho apoyo no se debe de limitar a unos cuantos representantes de la prensa.

Para el integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, la propuesta debe ampliarse a todo el gremio periodístico. Explicó que lo anterior se debe a que los comunicadores mantienen su trabajo en condiciones de marginación, según lo reportado por la organización Artículo 19.

“De entrada, creo que puede ser una buena iniciativa, pero faltaría el tema de la regulación, es decir, no solamente a los periodistas independientes, sino en general a todo el gremio periodístico, porque es algo que reporta Artículo 19, que siguen trabajando en condiciones de precariedad”.

El académico de la Ibero Puebla agregó que la propuesta en cuestión también debe ir acompañada de otras acciones como brindar más prestaciones y garantizar la seguridad de los representantes de la prensa.

“La propuesta puede ser un buen punto de partida, pero va más allá de solo el ejercicio de la publicidad oficial, sino también la responsabilidad que tengan los propios dueños de los medios de comunicación”.

También mencionó que hace falta una ley general de publicidad oficial que regule no solamente el ámbito federal, sino todo el marco nacional en pro de los periodistas de todas las entidades federativas.

El especialista en defensa de los derechos humanos recordó que, en 2018, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión regular el uso de la publicidad oficial, tras un amparo interpuesto por la agrupación Artículo 19.

Sin embargo, precisó, no ha habido una revisión al respecto ni por parte del político tabasqueño, ni tampoco por los actuales legisladores

Resaltó que el aprobar una ley general sobre la publicidad oficial evitaría que hubiera utilización arbitraria de los recursos destinados a la comunicación social de los gobiernos, como sucede anualmente y al final de cada sexenio.

En cuando a si existen los recursos suficientes para proporcionar seguro de vida a todos los periodistas del país, el académico de la Ibero respondió que sí, sin embargo, dijo, lo que no hay son políticas o lineamientos claros para la distribución de esos recursos.

Dijo que el gasto más fuerte de publicidad oficial se da hacia los últimos meses del año, lo que evidencia la mala planeación de las autoridades, que sólo gastan por gastar.

Fue en la primera semana de abril cuando el mandatario nacional señaló que el presupuesto total de publicidad oficial asciende a tres mil millones de pesos.

Derivado de lo anterior, el 25 por ciento de ese monto, el cual se utilizaría para crear el programa de seguridad social para los periodistas independientes, alcanza los 750 millones de pesos.