Desde la perspectiva del analista del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, es claro que la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de echar a los actuales consejeros del organismo electoral nacional.
Prevé que eso no tendrá marcha atrás, así que más le vale al Instituto Nacional Electoral (INE) aplicar los procedimientos y sanciones que establece el artículo 60 de la Ley federal de Revocación de mandato a todos los que violaron las normas, porque de nada le valdrá dejar en el olvido los hechos, ya que no es tiempo de perdón u olvido.
Dijo que, de no hacerlo, se sienta un grave precedente, en el sentido de que las autoridades de gobierno son impunes al violar las leyes electorales y para las elecciones de 2024 su injerencia y activismo puede ser de graves consecuencias para afectar nuestro sistema electoral y la democracia en el país.
“El propio INE ha sido víctima de la presión y amenazas de su desaparición, desde las conferencias mañanera del presidente, quién anunció en días previos a la celebración de la consulta que presentará una reforma electoral”.
Molina Carrillo, destacó que, uno de los puntos centrales es la desaparición y salida de los actuales integrantes del consejo general.
Esa situación, afirmó, se equipara al hecho de que si las cosas no favorecían los intereses del inquilino de palacio nacional, los principales responsables serían los consejeros del INE.
Y es que, parte de la idea de que, cuya actuación en defensa de la legalidad del proceso y del uso de las facultades que le otorga la legislación en la materia, hoy se encuentra acotada, debido a que, de la voluntad de un solo hombre, de su partido y del Congreso de la Unión depende su subsistencia o desaparición.
“Es de llamar la atención la declaración del presidente del INE, Lorenzo Córdova el lunes 11, en el sentido de manifestar que le daba gusto que el presidente estuviera contento con los resultados del ejercicio y que el Instituto haya cumplido su función".
Lo anterior, como si las cosas entre el presidente y el organismo se pudieran componer o como si hubiera llegado el momento de fumar la pipa de la paz entre ambas instituciones.
Por eso, después de darse a conocer en forma oficial por el INE los resultados de la consulta para la revocación de mandato del presidente de la república, lo que consideró un triunfo para confirmar su popularidad y que, por ende, puede continuar con los proyectos de la cuarta transformación.
Resulta indispensable hacer un análisis de los hechos que antecedieron al ejercicio de consulta, desde la negativa del Congreso y posteriormente de la Secretaría de Hacienda para proporcionar los recursos suficientes para su realización.
Además, los conflictos jurídicos que se derivaron, en los que se puso en el banquillo de los acusados a los integrantes del consejo general del INE y en forma personal a su presidente Lorenzo Córdova, acusándolo de querer boicotear la consulta.
Al consejero presidente del INE, lo acusaron de negarse a cumplir con lo que establece la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Ante eso, dijo Germán Molina, "los mexicanos tenemos el derecho de conocer la verdad, en primer lugar, de los resultados y responsabilidades de los ciudadanos que presentaron las solicitudes para el ejercicio".
Ese porcentaje establece el artículo 7 de la citada ley, equivalente al 3 por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral de al menos 17 de las entidades federativas del país, para llevar a cabo la consulta.
Sin embargo, en dichas solicitudes se detectaron firmas falsas, alteración de credenciales, firmas de personas fallecidas y otras irregularidades, así como la procedencia de los recursos económicos que financiaron dicha labor, que no cayeron del cielo.
Incluso si existieron investigaciones para detectar si se desviaron recursos públicos ya sea de la federación, de los estados o de los municipios para tal fin y si se aplicaron sanciones al respecto.