Después de la Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco y el Estado de México, Puebla sería la quinta entidad del país en sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) de las personas, mal conocidos como “terapias de conversión” o “terapias reparativas”.
Juan Corona, procurador de derechos universitarios en la Ibero Puebla, concordó que el proyecto aprobado en una de las comisiones del Congreso del Estado representa un avance para la defensa de los derechos humanos de la comunidad diverso sexual.
Remarcó que, Puebla sería una de las primeras demarcaciones del territorio nacional en donde se tipificaría cualquier intento de querer modificar la orientación sexual o la identidad autopercibida de las personas.
El miembro de la Ibero Puebla se congratuló por la unanimidad de votos con la que fue avalada la propuesta en la Comisión de Procuración y Administración de justicia.
Informó que el siguiente paso es turnarla al Pleno del Congreso para que luego sea publicada en el Periódico Oficial del Estado y tenga diligencia.
Explicó que la propuesta para sancionar hasta con tres años de prisión los ECOSIG ayudaría a erradicar las violencias sociales en contra de la comunidad LGBTTTIQ.
Subrayó que, desafortunadamente, la familia más cercana de las víctimas como padres, madres o algún tutor es la que más fomenta ese tipo de prácticas.
Detalló que, luego de ser aprobada por la legislatura poblana, debería instalarse una fiscalía de justicia en la unidad especializada en delitos contra la población diverso sexual.
Posterior a ello, recomendó capacitar a los agentes del ministerio público y el aparato de seguridad para evitar malos tratos o burlas en contra de los denunciantes.
"Después viene este tema de cómo se haría viable para que no solo quede en una letra del código penal y que se pueda hacer una realidad y también quedará el capacitar".
En cuanto a los principales lugares en los que se promueven los ECOSIG, indicó que es difícil saber dicha información porque se trata de una dinámica clandestina.
Mencionó que se realizan en grupos que no son afines a las disidencias sexuales, lo que calificó como grave porque son generados por personas sin ningún cargo profesional, que son dueños de una remarcada carga ideológica adversa a la población LGBTTTIQ.
"El derecho a la dignidad humana, así como el libre desarrollo de la personalidad y una vida exenta de violencia social, son los principales derechos que se violentan con los ECOSIG", dijo.
Finalmente, añadió que las prácticas en cuestión no pueden ser llamadas terapias, porque su fin no es mejorar el estado emocional de las personas, al contrario, generan estragos en la salud de las víctimas y aumentan la depresión, por tanto, los intentos de suicidio.