De los últimos siete años, del 2015 al 2022, fue en el pasado mes de marzo del presente año, en que se registró la cifra más alta de violencia familiar. Así lo aseguró la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla, Ana Gamboa Muñoz.
Reveló que, en marzo del 2022 se registraron un total de 22 mil 971 casos de presuntos delitos de violencia familiar.
De esta modalidad de violencia, las mujeres han estado viviendo violencia en ámbitos familiares, especialmente de pareja y esto nos da un gran foco de alerta.
Se observa que los que están siendo los agresores, de acuerdo con la medición, cinco de cada 10 son las parejas sentimentales, esposos, concubinos o exparejas.
Además, alertó que, de los delitos en general, son menos del 10 por ciento o a veces menos, los delitos que se denuncian y por eso, crecen las llamadas al 911 por incidentes de violencia contra las mujeres.
Y aunque no son denuncias formales, sí son los momentos en que las mujeres solicitan ayuda porque están siendo violentadas, “esto habla del previo o de la violencia que no se registra en los ministerios públicos”.
Esas llamadas, dijo Gamboa Muñoz, se tiene que tomar en consideración para las políticas públicas, del por qué suceden estas llamadas o de qué tipo de violencia ocurre.
“Hay ciertos desafíos y retos para que de manera pública se evidencia en estos datos”.
La responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla, dijo que, México es uno de los países pioneros para firmar o ratificar estándares internacionales, sobre todo en derechos de las mujeres y en los derechos humanos.
Esta intención es el momento para que el Estado adquiere ciertas obligaciones, junto con todos los instrumentos internacionales existentes.
Por ejemplo, la CEDAW (convención sobre los derechos de las mujeres) y la convención Belem de Pará (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), como principales instrumentos.
Asimismo, destacó el Protocolo de Palermo, que tiene como finalidad prevenir y combatir la trata de personas, en especial atención a las mujeres y los niños.
“México se adhiere a estas obligaciones sin embargo una vez más en la práctica sigue habiendo deficiencias en términos de la forma de hacerlos operativos”.
Ana Gamboa, dijo que, estas formas de acceder a la justicia representan también la forma de prevenir y atender la violencia.
Dijo, “si no se atienden las razones y las causas estructurales establecidas finalmente no va a disminuir”, por eso, lo que se observa es que en algunos de los casos se mantiene o hasta han aumentado.