Para la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, Ana Laura Gamboa Muñoz, la propuesta planteada en el Congreso de Puebla acerca de exigir una carta de no violencia de género para convertirse en funcionarios gubernamentales tiene intenciones positivas.
Existe un abuso psicológico poco difundido en los medios, el cual se conoce como gas lighting, que consiste en hacerle creer a las víctimas que nada de lo que acusan es verdad.
Sin embargo, la especialista señaló que hay un riesgo en la misma, debido a que solo abarcaría a personas que tengan una sentencia o resolución condenatoria firme.
En entrevista para Intolerancia Diario, dijo que la iniciativa hecha por el diputado de Morena, Iván Herrera Villagómez, dejaría de fuera uno de los tipos de violencia más comunes en contra de las mujeres, pero menos denunciados: la violencia psicológica.
Abundó que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo en el estado de Puebla en la materia no concluye en sentencias condenatorias.
“Entonces, es muy importante la propuesta, porque sería un primer ejercicio, pero qué pasa con esta violencia sicológica sutil, que en muchas ocasiones está muy naturalizada y de la cual no se habla”.
La especialista de la Ibero apuntó que la iniciativa de pedir una carta de no violencia de género a los aspirantes a funcionarios debería ir más allá y exigir que tampoco se permita ejercer un cargo público a quienes discriminan a las personas con identidades de género diferentes a la heterosexual.
Expresó que el combate a la violencia de género debe trabajarse desde espacios educativos y a temprana edad.
Agregó que la iniciativa promovida por Herrera Villagómez es positiva, debido a que manda un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, aunque insistió que debería tener mayores alcances.
En cuanto a otras acciones para erradicar la violencia política de género en el estado de Puebla, respondió que primero se debe reconocer que existe un grave problema al respecto.
A partir de ahí, apuntó, podría pedirse un presupuesto e identificar el tipo de violencia más frecuente que padecen las mujeres en cada uno de los 217 municipios de la entidad.
Explicó que las autoridades deben diseñar políticas públicas específicas para cada región, porque el contexto varía y también depende de los usos y costumbres de cada comunidad.
Lamentó que muchas de las iniciativas de ley planteadas en el Poder Legislativo local para combatir las violencias de género se diseñen a partir de casos mediáticos como el de Cecilia Monzón.
En ese sentido, expresó que existe una deuda pendiente con las mujeres poblanas víctimas de probables feminicidios, las cuales suman más de 500 casos a la fecha.
Acerca de la propuesta de brindar brazaletes a las féminas para evitar el acercamiento de sus agresores, explicó que ello mejoraría la eficiencia de la Fiscalía en términos judiciales, aunque manifestó su preocupación que pueda ser viable en la práctica.
Lo anterior, dijo, en virtud de que existen municipios que no gozan de una buena señal GPS.