De cara a la designación de comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (ITAIPUE), el Congreso del Estado no debe permitir criterios de carácter político.

A decir del analista político de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz, es adecuado que la comisión de transparencia haga su evaluación con apoyo de un grupo técnico.

Sin embargo, al final de cuentas no hay garantías que la deliberación de los diputados que integran esa comisión se vaya a atener a esos criterios y no permitan dar peso a criterios de carácter político.

“Lo anterior, se pudo haber evitado con la participación ciudadana, con la participación social de personas expertas en estos procesos”.

En la víspera de lo que será una designación más a cargo de la LX Legislatura, dijo el académico de esa casa de estudios, “es un proceso que ha estado opacada por decisiones extrañas y producto del juego político que se está viviendo actualmente en la legislatura”.

Sin embargo, dijo, el Congreso del Estado actuó oportunamente al reponer el proceso de manera pronta y con criterios adecuados toda vez que permitió la participación de quienes habían atendido la anterior convocatoria.

“Ya hay una lista de 8 candidatos y hay 3 mujeres únicamente en la lista y se presume que de acuerdo con la ley de transparencia en su artículo 29 en que se procura la equidad de género, lo más probable es que se repita la terna de 3 mujeres como ocurrió en las últimas semanas, para elegir a una de ellas”.

“El Congreso empieza su apuesta, pero debió haber puesto una restricción para que participaran personas del sexo masculino toda vez que, posiblemente, no van a ser considerados”.

Alonso Muñoz afirmó que habrá que ver el desempeño en las comparecencias pues la ley no obliga a que sea una mujer, porque habla de procurar que haya equidad de género, pero no está de manera limitativa.

"Al final, lo más relevante, como lo hemos señalado, en procesos anteriores, es que se opte por el perfil idóneo, que ofrezca garantías de tener independencia del poder en turno, conocimiento y trayectoria".

Además de un compromiso importante con el trabajo del instituto que tiene que ver con la promoción del acceso a la información pública, con la protección de los datos personales y la protección de los sujetos obligados.

Recordó que, organizaciones sociales y universidades, entregaron un instrumento técnico para construir una evaluación con bases y criterios de orden técnico para privilegiar a los mejores perfiles, “esto se ha mantenido esta legislatura en los procesos que tienen a su cargo”.

Sin embargo, el proceso no ha sido adecuado y lo lamentamos es que no se les incluya en la valoración de los perfiles ni se active algún mecanismo de participación ciudadana.

“No tenemos que ser exactamente nosotros, sino que haya participación ciudadana en esta elección, porque estamos ante el nombramiento de un organismo que debe tener un perfil ciudadano”.