En los linchamientos presentados en lo que va del año en el estado de Puebla, hay una ineficacia del Estado, donde la omisión o consentimiento desencadenaron hasta la muerte de personas.

Así lo aseguró el analista jurídico, Germán Molina Carrillo, quien agregó que, para salvaguardar la seguridad, el efectivo funcionamiento de la procuración de justicia es un pendiente a resolver para garantizar a la población una vida libre de violencia.

Ante la diversidad de contextos y escenarios en los que se presentan los linchamientos, prevalece una falta del uso legitimo de la fuerza para garantizar la tranquilidad de los municipios en que suceden los linchamientos.

En el caso de estado de Puebla, los puntos de ocurrencia de los eventos demuestran que este fenómeno se presenta en localidades de muy distintas características demográficas, en términos de cantidad y concentración de los habitantes.

“Pudiera pensarse que en el medio rural sí se vincula el fenómeno con aspectos de orden tradicional, pero hay que considerar que no porque una comunidad se encuentre localizada en ese medio, significa que su ámbito cultural se encuentre emparentado con las formas de convivencia de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios".

Ante eso, Molina Carrillo, dijo que, se muestra una tendencia a tales expresiones de violencia colectiva como resultado de la falta de consistencia para sostener el monopolio legítimo de la fuerza y la seguridad sobre el territorio que garantiza la aplicación de la ley y el resguardo de la población, funciones primordiales del Estado de Derecho.

Además, es urgente retomar la promoción y difusión, sobre una cultura de los derechos humanos como punto de partida de la colaboración positiva de promoción y defensa de la legalidad y el respeto, así como el desarrollo y vivencia de una cultura de la paz en cada uno de los espacios de la entidad poblana.

Así mismo, es necesario apuntar que los mecanismos de prevención deben orientarse hacia el monitoreo coordinado entre las tres instancias de seguridad pública y la organización de relatorías municipales, para generar mecanismos organizados a través de normativas vinculantes.

Por otro lado, existen bases sólidas en las facultades establecidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional de Prevención, la Ley General contra la Tortura o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Esos instrumentos, dijo Germán Molina, tendrá la función de prevenir, investigar, orientar e informar los actos en materia de linchamiento y tratos crueles, inhumanos y degradantes en los diferentes lugares del estado de Puebla, al garantizar el respeto al derecho a la integridad personal.

Por último; cuando se habla de la noción popular sobre los linchamientos, es común que se presente la idea de que estos eventos se explican fundamentalmente por los “usos y costumbres”.

Ante eso, las formas culturales de interpretación de la justicia son las que se activan cuando un colectivo recurre a la violencia para castigar algún delito.